El Gobierno prevé poner en marcha una reforma fiscal integral en 2023 que adapte las normas tributarias a la economía digitalizada, elimine beneficios fiscales ineficaces y, sobre todo, incremente los ingresos.
Tal y como se apunta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ejecutivo ha creado un comité de expertos que elaborará y presentará, en febrero de 2022, un Libro Blanco de propuestas que se deberán tener en cuenta. Así, el calendario prevé revisar las recomendaciones y aprobar las medidas durante el próximo año para implementarlas a lo largo del siguiente, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, detalla que su puesta en marcha podría a retrasarse si para 2023 no se ha recuperado el PIB previo a la pandemia. No obstante, el Gobierno ha dejado claro que aplicará algunos «pequeños ajustes» antes de esa fecha.
A continuación, se detalla cómo afectará la nueva reforma a los principales impuestos.

IRPF

Los Presupuestos de 2021 aumentaron en dos puntos el tipo del IRPF para rentas de trabajo superiores a 300.000 euros y en tres puntos para la mayores a 200.000.
Además, bajaron la reducción máxima por aportaciones a planes de pensiones de 8.000 a 2.000 euros en los individuales y subieron de 8.000 a 10.000 euros en los de empresa. En principio, el Ejecutivo no prevé realizar más cambios en el IRPF aunque analizará posibles propuestas del grupo de expertos.
Así, por ejemplo, la memoria de impacto de género del Plan apunta a la posibilidad de eliminar la reducción por tributación conjunta, una opción que el Gobierno asegura que no está comprometida con Bruselas, pero que revisará en línea con la recomendación de la AIReF.

Sociedades

El impuesto de sociedades es una pieza clave de la reforma fiscal, ya que en los últimos años ha perdido capacidad de recaudación.
El Presupuesto de 2021 ya obligó a tributar una parte de los beneficios de las filiales en el extranjero, pero el Gobierno quiere ir más allá, especialmente después de que EEUU haya planteado un impuesto de sociedades mínimo global.
Tal y como avanzó antes de la pandemia, el Ejecutivo prevé establecer un tipo mínimo efectivo de este tributo del 15% (el nominal es del 25%) que supondría, en la práctica, limitar las deducciones que pueden aplicarse las empresas.

IVA

La revisión de beneficios fiscales prevista también supondrá examinar los tipos reducidos del IVA, algo reclamado insistentemente por la UE, aunque esto no implica necesariamente que se vayan a eliminar. En ese sentido ya se ha suprimido el IVA reducido para las bebidas azucaradas y edulcoradas.

Patrimonio

Los Presupuestos de 2021 incrementaron en un punto el tipo máximo del impuesto de patrimonio para las fortunas de más de 10 millones de euros.
El proyecto no contiene ningún otro compromiso relativo a este impuesto, aunque Montero ha abogado en varias ocasiones por establecer algún tipo de armonización para evitar competencia fiscal entre comunidades autónomas, una armonización que también pretende extenderse al impuesto de sucesiones y donaciones.

Hidrocarburos

El Plan de Recuperación prevé revisar las bonificaciones del impuesto de hidrocarburos, lo que afecta principalmente al diésel.
El Gobierno ya planteó elevar su tributación, que es menor a la de la gasolina pese a ser más contaminante, en las cuentas de 2021, aunque retiró la medida en el marco de las negociaciones parlamentarias.

Medioambientales

La reforma pretende mejorar la tributación ambiental -en España es una de las más bajas de Europa-, más allá del impuesto de hidrocarburos. Por el momento, se han aprobado las nuevas tasas sobre residuos en vertedero y plásticos de un solo uso. Además, la medida alude a la modificación del impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero y del impuesto de matriculación de vehículos para adaptarlo al estándar medioambiental, al tiempo que sugiere la posibilidad de aprobar nuevos tributos.

Nuevos tributos

Por el momento, ya están en vigor los nuevos impuestos sobre ciertos servicios digitales y las transacciones financieras, aunque el Ejecutivo prevé adaptarlos si finalmente se alcanza un consenso internacional para gravar estas materias.
El Plan también aboga por revisar la fiscalidad del sector aéreo, una propuesta que encaja con la consulta pública abierta a comienzos de 2020 sobre la imposición de una tasa a los billetes de avión.