La Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada esta tarde en Madrid sirvió para constatar la unidad de todas la comunidades autónomas en la lucha contra la violencia de género, según manifestó al término de la misma la conserva de Igualdad, Blanca Fernández. Además, entre otras cosas, anunció que Castilla-La Mancha ha solicitado al Ministerio formar parte del grupo de trabajo que se quiere crear para regular los puntos de encuentro familiares en los casos de violencia machista.

Fernandez constató cómo el Pacto de Estado contra la violencia de género y la reunión de la Conferencia Sectorial ha servido para «mejorar la protección de las víctimas, de los huérfanos y las huérfanas cuando las hay y, sobre todo, cómo evitar que haya huérfanas y huérfanos». En este sentido afirmó que existe «mucha sensibilidad y muchas ganas de colaborar» por parte de todas las comunidades autónomas y que «no hay fisuras».

A su juicio, lo «importante» del Pacto contra la violencia de género «no es tanto el dinero, que es muy importante para poder llevar a cabo actuaciones, como la filosofía del propio pacto». Por eso, dijo, lo fundamental ahora mismo en España es «preservar la unidad en torno a más de 1000 mujeres asesinadas desde 2003, más de una treintena de criaturas y casi 300 criaturas que han quedado huérfanas».

Según añadió al respecto, «la unidad de acción para prevenir» nuevo asesinatos y para proteger a las víctimas «es estratégica y muy importante». Tanto es así dijo que esa unidad de acción que había podido constatar en la reunión «es lo mejor que podemos legarle  a la sociedad española las comunidades autónomas y el gobierno de España».

Otro de los puntos de la Conferencia Sectorial que destacó la consejera es la creación de un grupo de trabajo, del que Castilla-La Mancha pidió ser parte, para establecer una protocolo de actuación en los puntos de encuentro familiares cuando se trata de casos vinculados a la violencia de género. Ese grupo de trabajo, dijo, va a servir para «mejorar la seguridad de las niñas y los niños en los puntos de encuentro y también evitar que se conviertan en ratoneras peligrosas para las víctimas que tienen que llevar a sus hijos para que los maltratadores puedan verles».

A su juicio es necesario hacer un «análisis serio y riguroso para ver cómo evitamos poner en riesgo a los menores, que es lo más importante, y sobre todo no olvidarnos de que a la víctima no podemos revictimizarla constantemente» que es algo que «a veces» ocurre en los putos de encuentro familiares. Propuso la posibilidad de introducir en la legislación básica «que no solamente la violencia que se ejerce en el contexto de la pareja o la ex pareja sea consideradas violencia de género» ya que hay, añadió, «muchas otras formas de violencia de género como es la violencia sexual contra las mujeres, la prostitución cuándo es obligada y en algún momento el país tiene que asumir esta realidad, mirarla de frente y tomar medidas».

Por otra parte, añadió que en la Conferencia Sectorial el Gobierno de España anunció su decisión de «mejorar la atención que presta el teléfono 016 para que sea un servicio integral, para que se preste asistencia jurídica y psicológica y además se haga a todas las violencias, no solo a la violencia que se ejerce dentro de la pareja o la expareja».  Según dijo, esto ya se hace en Castilla-La Mancha desde «hace mucho tiempo», pero no es así en todas las Comunidades Autónomas. «Consideramos que es una buena iniciativa que se haga en el resto del territorio español porque es muy eficiente y muy eficaz. Cuando una víctima tiene asistencia psicológica y jurídica inmediata notamos como se sienten más protegidas», añadió.

La consejera explico que si bien el teléfono 016 es común a todo el territorio, las llamadas se derivan a cada comunidad que es la que presta la atención a la víctima. «En Castilla-La Mancha lo hacemos desde una perspectiva integral, asistencia psicológica y jurídica, no solamente es una llamada de emergencia para consolar o indicar un recurso. Asesoramos jurídicamente y asistimos jurídicamente», explicó. Ahora el Gobierno de España «quiere extender esto a toda España porque no todas las comunidades autónomas tienen este servicio», concluyó.