Las heridas que abrió ETA en el País Vasco continúan sangrando. Hace más de una década que la banda anunció su disolución y Euskadi no olvida. Ni los familiares de las víctimas ni los presos etarras terminan de pasar página, en un conflicto que desde el ámbito institucional sigue pugnando por alcanzar un punto de concordia. La carrera popular Korrika, celebrada entre Amurrio y San Sebastián desde el pasado 31 de marzo hasta el día 10 de este mes, ha vuelto a azuzar la polémica entre las partes con acusaciones de enaltecimiento del terrorismo incluidas. Una controversia que se suma a las críticas de las víctimas a la política penitenciaria del Gobierno, cada vez más cercana al objetivo que se marcó en 2018 en presidente, Pedro Sánchez, de acabar con la dispersión de los etarras ante la nueva realidad de la banda 

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, aprobó esta misma semana el acercamiento de otros siete reclusos de ETA a cárceles del País Vasco y otro más a Navarra. De esta forma, casi tres de cada cuatro etarras cumple ya condena en prisiones de estas dos comunidades autónomas, dibujando un escenario bien distinto al de finales de los años 80, cuando se activó la dispersión en el marco de la lucha antiterrorista.

Los siete traslados a cárceles vascas se avalaron en coordinación con el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Ejecutivo de Euskadi, dentro del ámbito de las competencias de cada administración tras la transferencia de las competencias en esta materia, según se informó desde Instituciones Penitenciarias.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) rechazó en un comunicado este último movimiento del Gobierno central, acusándolo de no escuchar el «clamor» de la manifestación celebrada el pasado 26 de marzo en la Plaza de Colón de Madrid. Los acercados suman 16 asesinatos, según recuerda la organización, en una medida que se ha adoptado sin exigirles colaboración con la Justicia, ni haber pedido perdón ni arrepentirse.

Entre los etarras consta Álvaro Arri Pascual, que dejará la cárcel de Burgos para ir a una del País Vasco. Es el único de los ocho al que se progresa al tercer grado, de acuerdo a la propuesta elevada por la Junta de Tratamiento. «Consta escrito de desvinculación de la actividad terrorista», según Instituciones Penitenciarias, que ha estudiado un total de 18 solicitudes de traslados, autorizando ocho de ellos.

Arri Pascual cumple condena de 30 años por matar al teniente general Francisco Veguilla Elices, el conductor civil del Ministerio de Defensa Francisco Joaquín Martín Moya y al empleado del Ballet Nacional César García Contonente.

Otro de los reclusos de la banda con más víctimas mortales acercado es Mikel Azurmendi Peñagaricano. Deja el penal de El Dueso para ir a Euskadi. Cumple condena por los asesinatos de Miguel Peralta Utrera, Juan José Hernández Rovira, Francisco Joaquín Martín Moya, César García Contonente y Francisco Veguillas Elices. 

También fue condenado a 351 años de prisión como responsable del atentado que causó la muerte de Miguel Ángel Ayllón Díaz-González, así como a 30 años por el asesinato del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril Barrio y su esposa Ascensión García Ortiz.

Otro de los condenados por el asesinato del matrimonio Jiménez-Becerril también será trasladado. Se trata de José Luis Barrios, que dejará la cárcel de Zuera (Zaragoza) para ir a la prisión de Pamplona. Según la AVT, en su caso cumple una condena acumulada de 30 años por este crimen y también por matar a Domingo Puente.

Juan Luis Aguirre Lete será trasladado desde el penal de Soria a un centro de Zaballa. Cumple condena por los asesinatos de Dionisio Herrero Albiñana, Fernando Múgica Herzog y por ordenar el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.

Historiales sangrientos

El etarra Jon González González dejará la cárcel de Pamplona para ir a la prisión de Martutene, según la AVT. Fue condenado a 377 años  por tratar de matar con un artefacto explosivo adosado a un carrito de la compra a la exteniente de alcalde de Portugalete (Vizcaya) Esther Cabezudo, del PSE.

Idoia Mendizabal Múgica también irá a Martutene desde el penal  de Pamplona. Fue condenada a 18 años de prisión por intentar asesinar a la delegada de Antena 3 en el País Vasco, María Luis Guerrero, a la que enviaron un paquete explosivo el 17 de enero de 2002 que pudo ser desactivado, entre otras acciones criminales.

También Garikoitz Arruarte Santa Cruz irá desde la cárcel de Pamplona a la prisión de Martutene. Fue condenado por la Audiencia Nacional a 20 años de cárcel por el atentado frustrado en la Nochebuena de 2003 mediante la colocación de dos maletas-bomba en un tren que salía ese día de Irún (Guipúzcoa) con destino a Madrid.

En este caso concreto, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias resolvió, por la vía del artículo 105.2 del Reglamento Penitenciario, el mantenimiento del interno en segundo grado.

Iván Apaolaza Sancho, por su parte, dejará la cárcel de Logroño para ir a la de Martutene. Fue condenado a 123 años de prisión por su participación en el atentado mediante coche-bomba que costó la vida, el 21 de enero de 2000, al teniente coronel Pedro Antonio Blanco García.

La AVT señala que en la nota en la que Interior les informó del primer traslado de prisión de Apaolaza Sancho se apuntaba a que «había pedido perdón por el sufrimiento provocado a las víctimas», algo que desde la asociación niegan «rotundamente». «Ni perdón ni arrepentimiento, pero si beneficios penitenciarios», critican.