A mediados del pasado mes de abril, un artículo publicado en The New Yorker destapó un escándalo que pronto se convirtió en un volcán ardiente: más de 60 políticos independentistas catalanes, entre ellos miembros de ERC, Junts y la CUP, habían sido espiados con el software israelí Pegasus entrando ilegalmente en sus móviles.

La onda expansiva sacudió la política española como un terremoto. El Gobierno socialista negó cualquier implicación en este polémico asunto, pero el independentismo catalán sintió que había «mordido» presa y lo instrumentalizó. Anunció que iniciaría acciones legales en cinco países europeos contra el Estado español y NSO Group, la compañía desarrolladora del malware Pegasus. 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), añadió más leña al fuego, y amenazó con desestabilizar la legislatura retirando su apoyo en el Parlamento a las propuestas del Gabinete socialista. Y lo cumplieron. A finales de ese mismo mes, un Pedro Sánchez contra las cuerdas en lo que a respaldo se refiere, logró salvar su decreto anticrisis gracias al apoyo in extremis de EH Bildu. Las amenazas de romper el Gobierno, si no se aclaraban las escuchas, se suceden sin tregua. 

La brecha se ahondó y las tensiones se agrandaron. Máxime cuando a comienzos de mayo, PSOE y PP vetaron en el Congreso activar una comisión de investigación sobre lo que ya se conoce en todo el país como caso Pegasus, en alusión al alado caballo de la mitología griega. «Esto se puede cargar la legislatura y la democracia», llegó a asegurar Gabriel Rufián, portavoz de ERC. 

Los apremios llevaron a comparecer a Paz Esteban, la directora del CNI, para acreditar ante la comisión de secretos oficiales del Congreso las autorizaciones judiciales para la vigilancia de 18 personas relacionadas con el independentismo catalán en octubre de 2019. Entre ellas el ahora presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Presionado por el independentismo, el Ejecutivo socialista les entrega la cabeza de Esteban, destituyéndola. Sin embargo, tildaron el sacrificio de «insuficiente», «una cortina de humo», y reclamaron también la decapitación de la titular de Defensa, Margarita Robles, al tiempo que avisaban que mantendrían su beligerancia.

Pues bien, después de toda aquella exhibición de fuegos artificiales, profusión de amenazas, indignación y berrinches, el secesionismo catalán ha tardado cinco meses en alumbrar en su parlamento la comisión de investigación de un caso que, según ellos, amenazaba seriamente los cimientos democráticos del país. 

Fue el pasado 21 de septiembre cuando la cámara catalana dio, por fin, luz verde a este órgano que presidirá Meritxell Serret y en el que están el PSC, ERC, Junts, Vox, CUP y comuns. PP y Ciudadanos decidieron no participar.

Pese a que el caso Pegasus fue todo un casus belli para el soberanismo catalán, su Parlamento ha necesitado todos estos meses para activar las indagaciones. Diferencias entre ERC y Junts, fundamentalmente, retrasaron la constitución de la comisión. Esta investigación parlamentaria en la Cámara catalana surgió como reacción del soberanismo a la negativa del PSOE a crear una en el Congreso. Su vigencia será de un año y se marca como misión fundamental «conocer los detalles de las intromisiones por parte del Estado a través del CNI u otros organismos públicos», así como poner el foco sobre los responsables institucionales que tomaron las decisiones y su motivación.

Tras ser elegida presidenta con nueve votos a favor y tan solo uno en contra, Serret reclamó que la comisión debe servir para «dar toda la transparencia y toda la información a la ciudadanía sobre este caso de espionaje».

¿Citación al gobierno?

El portavoz de Junts, Josep Rius, obviando la lentitud en su establecimiento, sostuvo que el Parlamento catalán daba así una respuesta democrática al «caso de espionaje masivo más grave que ha habido en la historia de Europa en el siglo XXI», al tiempo que lamentó que el PSOE se opusiese a crear una comisión en el Congreso.

Respecto a si contemplan llamar a declarar a miembros del Gobierno, Rius argumentó que, a la espera de concretar el plan de trabajo de la comisión, «la idea es citar a todos los que puedan tener responsabilidades directas o indirectas o competencias que velar» para que no haya espionaje en un sistema democrático.

«Esperamos que ningún grupo parlamentario bloquee o impida o no ayude a que la comisión lleve a cabo sus trabajos de forma normal, y que nadie de las personas que se cite para comparecer y que puedan formar parte de partidos políticos de la comisión o de instituciones del Estado se nieguen», añadió.

Sobre la presencia del PSC en la comisión del Parlament, afeó que participan en ella para «justificarse» mientras el PSOE la rechazó en la Cámara Baja, lo que revela que «o tienen algo que ocultar o que son cómplices».

Así las cosas, la comisión de Pegasus por fin arranca. Queda por saber si al galope o continuará haciéndolo al trote lento.