Las organizaciones agrarias y Cooperativas de Castilla-La Mancha, ante el abandono detectando por muchas explotaciones familiares y agricultores profesionales que están cesando su actividad en el cultivo del ajo, especialmente en la cuenca alta del Guadiana, piden a las autoridades medidas concretas y rapidez en la toma de decisiones para llevar a cabo los cambios de legislación necesarios y proteger un cultivo que genera al año en Castilla-La Mancha 10.500 empleos directos, en las zonas de producción, además de miles más de jornales puntuales e indirectos.
En la rueda de prensa que tuvo lugar en la Cooperativa San Isidro Labrador de Las Pedroñeras participaron el portavoz de Agua y del sector del Ajo de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Julio Bacete; el vicepresidente de Asaja Cuenca, Antonio Escudero; el secretario general de UPA, Julián Morcillo y Noelia Serrano, como miembro de COAG Castilla-La Mancha.
Las cuatro organizaciones coincidieron en denunciar la situación y en continuar caminando unidos en defensa del agricultor y de sus empresas cooperativas, que ante la disminución de la producción de ajo verán igualmente mermada su rentabilidad empresarial.
En este sentido Bacete denunciaba que «una sanción de 50.000 euros no hay quien lo aguante, y no somos los culpables los agricultores. Nosotros solo transformamos el agua que necesita una semilla para ser transformada en alimento, con todas las exigencias y respetos medioambientales».
Por su parte, Escudero señaló que «es duro. Si no existiera el ajo esta zona estaría totalmente despoblada. El consejero de Agricultura y la Confederación lo tienen que saber y es duro lo que está ocurriendo. Además somos un cultivo cuyas inversiones en pozos son pagadas por nosotros, no pedimos nada a nadie».
Julián Morcillo puso en valor el liderazgo del sector del ajo desde Castilla-La Mancha en España y en Europa «por eso es necesario que se enteren de lo que está pasando en Las Pedroñeras y su comarca, toda ella productora de este cultivo social».
Noelia Serrano, denunciaba que «no podemos pensar que por sistema se nos acuse de ser ladrones del agua. Solo queremos sobrevivir, ni siquiera vivir. Muchas de las sanciones, han sido por no haber sido resueltos los expedientes, pues la falta de agilidad de la Confederación, está haciendo mucho daño».
Peticiones. El cultivo del ajo exige, por cuestiones agronómicas, fitosanitarias, ecológicas y de calidad de producto, la obligada rotación de cultivo pudiendo sembrar ajos en la misma parcela, como máximo, una vez cada tres o cuatro años de forma viable, por lo que debe rotar, y el pozo/ la concesión de agua no cambia de lugar. Para ello habría que impulsar las modificaciones o adaptaciones legales que fuesen oportunas en la legislación de aguas.
Las organizaciones piden que «sería de gran ayuda que pudiese realizarse un balance de consumos de agua en varias campañas, de manera que el agua que sobre de la dotación un año, pudiese acumularse para el año próximo, y así no se exceda en cómputo total la dotación máxima concedida».
Además, una de las prácticas que solucionarían parcialmente algunas situaciones, es que se permitiera, con resolución expresa, el agrupamiento de las autorizaciones de 7.000 m3/ha, para poder mejorar las opciones del agricultor que sea titular de más de un aprovechamiento de estas características.
También piden, además de la agilización en la gestión de medidas y resoluciones, que para el próximo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, se arbitre una fórmula que permita al cultivo del ajo generar autorizaciones temporales del uso del agua en parcelas distintas a las que está vinculado del derecho de agua.
Por último, una de las medidas más urgentes y necesarias en estos momentos es que, mientras no se resuelvan los expedientes que actualmente están en marcha y se tome una decisión sobre las peticiones que aquí realizamos, no se sancionen a los agricultores por realizar dichas prácticas.