Raúl Montoya tiene 42 años y lleva casi media vida trabajando en Nissan. Entró en el grupo en la planta de Cuatro Vientos, en Madrid, cuando apenas había alcanzado la veintena. Allí se especializó en el montaje de motores. En 2006, la multinacional decidió sustituir esos propulsores por otros más modernos y anunció el cierre de la fábrica. Medio millar de familias se quedaban en la calle y a Raúl le prometieron que si se trasladaba a Barcelona tendría estabilidad. No lo dudó y en Cataluña emprendió una nueva vida junto a su mujer y su hijo. Este jueves, a Raúl Montoya y a sus 3.000 compañeros Nissan les ha anunciado que en diciembre cierra sus tres plantas de Barcelona. De ellas viven más de 20.000 familias, lo que refleja la dimensión de este cierre. Todavía hay alguno que lo justifica por la crisis económica derivada de la pandemia. Nada que ver. Solo el oportunismo de Nissan para aprovecharse de un contexto de debilidad absoluta. El coronavirus ha sido la puntilla y no la razón fundamental. 
El cierre de Nissan es la crónica de una muerte anunciada, tan lenta como dolorosa. Ya en 2013, la propia dirección advertía que si no producían nuevos modelos en las plantas de Barcelona los empleos peligraban. En cambio, no se emprendió la modernización por una cuestión de competitividad. «La planta de la Zona Franca tiene el coste laboral más alto del sector en España», revelaban hace 7 años desde Nissan. Se ponían la venda antes de la herida y justificaban así el traslado de la producción a otras plantas en las que es más barato producir.  Por tanto, el principal responsable del cierre es la empresa. 
En este escenario, se abren también numerosas derivadas políticas. El Gobierno y la Generalitat han regado durante estos años a Nissan con decenas de millones de euros a fondo casi perdido. En su momento, se estimó que el reparto había alcanzado los 43 millones, sin que la administración desvelara su destino concreto. Ahora, no han sido capaces de convencer a la multinacional para que se quede. ¿Le obligarán a devolver el dinero público que ha recibido? Lo último que tenemos es ese tweet de Pedro Sánchez en enero de este mismo año durante el Foro Económico de Davos: «El mantenimiento del empleo en la planta de Nissan en Barcelona está garantizado». Palabra de presidente del Gobierno, con menos valor que una moneda de tres euros. Luego está Torra, el consejero de los violentos CDR: «Apretad, hacéis bien en apretad». El mismo presidente que se echaba a la calle mientras ardían contenedores en Barcelona es ahora el que llora la marcha de Nissan y pide ayuda al Gobierno de España. Dos años antes de aquellos días de fuego y piedras, muchas empresas ya se habían marchado de Cataluña y otras sumaron argumentos y razones para irse meses después. 
Si bajamos un par de peldaños más y nos situamos en el Ayuntamiento de Barcelona nos encontramos con Janet Sanz, segunda teniente de alcalde de Ada Colau y responsable de Ecología y Urbanismo. Es de esos políticos enemigos de las empresas, de los empresarios y de todo que tiene que ver con la iniciativa privada. Hace poco más de un mes pedía «una reconversión industrial de todo el sector automovilístico de nuestro país. Es ahora o nunca». Y pedía que el «excedente de producto sin vender» por la paralización de las empresas «no se vuelva a colocar en el mercado. Hay que evitar que esto se  vuelva a reactivar». No sé si se atreverá a repetir lo mismo delante de los 20.000 trabajadores que comían a diario de Nissan. Igual la alternativa que les propone es el cultivo de huertos urbanos.