Las viviendas de protección oficial se ofrecerán en régimen de alquiler

R.L.C.
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Ninguna de las familias que resultaron adjudicatarias en el sorteo celebrado en abril ha formalizado la hipoteca de compra de los chalets, que se construyeron entre 2009 y 2012

El precio de las viviendas se bajó un 30 por ciento hace dos años, pero la promoción no cuenta con ayudas directas. - Foto: R.L.C.

Las 43 viviendas de protección oficial (VPO) construidas la avenida de los Toreros, en el barrio de Santa Quiteria de Tarancón, podrán adquirirse finalmente en régimen de alquiler con opción a compra.

Desde la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se está tramitando actualmente la autorización para cambiar el régimen de compraventa a alquiler con derecho a compra. Según confirman fuentes del Gobierno regional, ninguna de las familias que resultaron adjudicatarias de los inmuebles, tras el sorteo celebrado el 3 de abril en el salón de plenos de la Casa Consistorial, ha formalizado la hipoteca de compra de las viviendas.

Finalizado el periodo establecido para que los adjudicatarios aceptaran o renunciaran a la adjudicación de las viviendas, que no debían aportar la viabilidad financiera hasta la firma del contrato de compraventa, como ninguno ha podido formalizar la hipoteca para el pago de la vivienda, se está siguiendo, detallan desde la Junta de Comunidades, el mismo procedimiento que en el resto de promociones de Castilla-La Mancha cuando se ha planteado este caso.

Una vez que se resuelva el cambio se volverán a ofrecer las viviendas en régimen de alquiler con derecho a compra.

Las 43 VPO fueron construidas entre 2009 y 2012 por Gicaman, empresa pública que depende del Gobierno regional. Hace dos años se bajó el precio un 30 por ciento y se volvió a abrir el plazo de solicitud, pero esta promoción no cuenta con ayudas directas a la adquisición de vivienda ni préstamos en convenio.

Los vecinos piden que se agilicen los trámites

Un total de 99 vecinos entraron en el sorteo de los inmuebles unifamiliares, dos adaptados y uno para víctimas de malos tratos, que se calcula podían costar entre 90.000 y 92.000 euros. Una de las vecinas que resultó adjudicataria afirma que «el proceso se está alargado muchísimo, deberían agilizar los trámites. Estamos deseando cambiarnos, da pena ver como estas viviendas están terminadas y abandonadas». En este sentido, asegura que «como dijimos el mismo día del sorteo, el problema estaba en la forma de pago porque no nos dan ninguna ayuda, y es que hoy en día es muy difícil conseguir un préstamo y, en el caso que te lo den, poder cumplir con él está muy complicado, no tenemos un trabajo seguro». Asimismo, esta vecina espera que con el cambio de uso de las viviendas, que conllevará nuevos requisitos a cumplir por parte de los futuros inquilinos, el proceso de adjudicación finalice lo antes posible.