La parte socialista del Gobierno y el PSOE, en su conjunto, bien podrían decir aquello de qué poco dura la alegría en la casa del pobre, porque apenas resuelto el trámite del rechazo de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado que anticipan su aprobación las tensiones con sus socios de gobierno y los aliados parlamentarios han vuelto a aflorar con fuerza, y si bien Unidas Podemos ha afirmado que las cuentas públicas están a salvo de las discrepancias políticas, otros partidos necesarios para su aprobación definitiva mantienen la incertidumbre.
Las tensiones ente los socios del gobierno se han acentuado en los últimos días y, como en otras ocasiones, el PSOE tiene que cabalgar las contradicciones que suponen declarar "Somos la izquierda", y que otros partidos le recuerden que ellos también están en ese lado del espectro político, y ser un partido de gobierno que se juega su futuro y que no renuncia a ocupar la izquierda, el centroizquierda y aparecer como un partido pragmático y capaz de poner orden en algunas propuestas que les pasan por la izquierda y que no cuentan con el apoyo social necesario. Si a eso se añade las explicaciones que han tenido que dar para limitar el efecto de la advertencia del BCE sobe el gravamen a la banca, puede afirmarse que no pasan por su mejor momento, cuando también el PP tampoco pasa por el suyo.
El PSOE, o la parte socialista del Gobierno, se ve cogido entre el fuego graneado que se dispara desde los aliados y la oposición por la ley Trans, la ley de Vivienda, la reforma de la "ley mordaza" y los sucesos de la valla de Melilla, y tendrá que hacer un ejercicio de capacidad negociadora para que algunos de esos asuntos, o todos en su conjunto, no acaben con el gobierno de coalición antes de tiempo, máxime ante la convocatoria de las elecciones municipales y autonómicas en primavera. No parece que vaya a ser el caso, pero el PSOE se va a dejar muchos pelos en esa gatera, porque tiene que conciliar puntos de vista distintos y al mismo tiempo cumplir con los compromisos adquiridos como le demandan.
Frente a las posiciones maximalistas que se defienden desde la izquierda del PSOE en asuntos como la disforia de género o el precio de los alquileres, los socialistas tratan de introducir enmiendas que limiten los efectos de unas iniciativas que los morados saben que de no aprobarse ahora que tiene influencia en el Ejecutivo no las podrán sacar adelante en una situación de menor representación. Por eso aprietan con el argumento, no exento de razón, de que si el PSOE ha adoptado medidas progresistas que van más allá de los postulados socialdemócratas, ha sido por su presión.
Pero el PSOE quiere llegar al próximo periodo de sesiones con el mínimo de cuestiones pendientes o al menos encarriladas. No lo va a tener fácil. La Ley Trans se ha convertido para UP en una línea roja que saben que causa muchos problemas a los socialistas y obvian las advertencias de muchos sectores acerca de los peligros que entraña si no se regula adecuadamente; en la ley de Vivienda el PSOE quiere evitar cualquier atisbo de inseguridad jurídica, mientras que la reforma de la ley mordaza sigue paralizada para no abrir un nuevo frente que dé más munición a la derecha y la ultraderecha. Al menos Grande-Marlaska ha reaccionado con ciertos reflejos para dar nueva información sobre los sucesos de Melilla, donde los derechos humanos quedaron en almoneda, lo mismo que su imagen pública.