La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada para informar del decreto de medidas extraordinarias para aliviar la situación económica de las familias por el impacto de la subida de precios tuvo una primera fase de expectación que ha dado paso a la de comprobación de sus efectos. Son solo 48 las horas transcurridas desde la entrada en vigor de la decisión de mayor repercusión mediática, relativa a la eliminación y reducción del IVA de determinados grupos de alimentos, y ya han sido suficientes para generar confusión. Más allá de que con el paso de los días se compruebe el verdadero alcance de la medida, tal como cuánto es el ahorro real de una familia en la cesta de la compra, el primer paso ha de ser constatar que sobre los productos incluidos en esa cesta de la compra más barata se aplica el nuevo tipo impositivo.

La eficacia de la medida requiere del compromiso de todas las partes a la mayor brevedad. Ayer se produjeron los primeros episodios de confusión entre los consumidores ya que en el comercio de alimentación se advirtió en muchos casos de la imposibilidad de hacer efectiva la reducción del IVA porque el producto a la venta había sido adquirido previamente bajo los parámetros impositivos de 2022. Esta circunstancia puede entrar dentro de cierta lógica, en la transición de los viejos a los nuevos pedidos en el comercio, pero no debería prolongarse en el tiempo más allá de lo estrictamente necesario. El Estado tiene herramientas suficientes para hacer cumplir las nuevas normas ante la posibilidad no deseable de que la picaresca se gane la batalla a la conciencia social. Y aunque conviene advertir que esta eliminación y reducción del IVA tiene un reflejo de pocos céntimos en la cesta de la compra diaria al no afectar a la carne y el pescado, debe cumplirse también sin que se suba el precio de estos alimentos antes de impuestos. 

El Gobierno tiene la obligación de articular medidas de carácter extraordinario que permitan a las familias y a las empresas afrontar periodos de dificultad como el actual, pero es igual de importante que la ciudadanía responda con auténtica conciencia social ante estas circunstancias. Es posible que el Ejecutivo se haya quedado corto en la adopción de decisiones de calado o que se haya precipitado en la modificación de la bonificación del consumo de carburantes sin considerar algunas situaciones especiales intermedias entre la del descuento universal y la de la ayuda al sector del transporte o del campo, pero lo realmente imprescindible es entender que se trata de una acción de Estado, de país, de la que todos somos corresponsables. Los gobiernos, sean del color político que sean, aciertan y se equivocan en sus tomas de decisiones, pero también la ciudadanía ha de tomar conciencia de la importancia de jugar correctamente su papel en estas situaciones de dificultad.