Mejorar la situación de las arcas públicas y garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social es uno de los grandes retos que el Gobierno se plantea con iniciativas como la que avanzó ayer en la que estudia la puesta en marcha de incentivos para los funcionarios de clases pasivas que prolonguen su vida laboral más allá de los 60 años, así como el reconocimiento de la jubilación anticipada para los empleados públicos del sector sanitario, según informó CSIF.

Fuentes del Departamento que dirige José Luis Escrivá señalaron que analizan una batería de propuestas en diferentes ámbitos que ha presentado el sindicato.

Una de las medidas planteadas por CSIF es la de establecer un incentivo anual del 5%, acumulable, para el personal de clases pasivas que, con carácter voluntario, decida prorrogar su vida laboral más allá de los 60 años, con el 100% de su haber regulador (la base para calcular el importe de la pensión).

A la base o haber regulador que corresponda se aplica el porcentaje que procede de acuerdo con una escala en la que se tienen en cuenta los años de servicio acreditados en el cuerpo o categoría hasta alcanzar 35 años o más, en los que se aplica el 100% al haber regulador.

Según datos de la Seguridad Social, las jubilaciones voluntarias se incrementaron un 21,9% en 2020 con respecto a la media de 2018 y 2019, aumento que CSIF achaca a la «incertidumbre» creada en el colectivo público por el traspaso de las clases pasivas desde el Ministerio de Hacienda al Ministerio de la Seguridad Social.

«Este cambio de competencias y la situación económica de crisis han generado el temor de que se puedan producir recortes en la pensión», según alegó el CSIF.

El sindicato señala que si la mitad de las 10.502 jubilaciones voluntarias de funcionarios que se produjeron en 2020 se hubieran demorado, el Estado podría haberse ahorrado 49,5 millones de euros con esta iniciativa.

CSIF defiende que su propuesta de retraso voluntario de la jubilación entre los funcionarios no solo no genera gasto, sino que además permitiría elevar hasta un 25% la cuantía de la pensión.

En este sentido, también reclamó elevar los haberes reguladores de las pensiones de clases pasivas para equiparar sus pensiones con las del Régimen General. «Se da la circunstancia de que en el régimen funcionarial, al computarse toda la vida laboral, se minora en mayor medida la cuantía del subsidio, fundamentalmente en aquellos casos en que el empleado público ha promocionado a cuerpos superiores. Esta situación provoca una reducción de la pensión de entre un 15% y un 35% en relación al Régimen General», expone CSIF.

Sanidad

Otra de las medidas propuestas por el sindicato es la de reconocer la jubilación anticipada para el personal de la Sanidad por la penosidad de sus condiciones de trabajo, estableciendo para ello coeficientes reductores, como se ha hecho con los policías locales.

Además, CSIF hizo otras propuestas a la Seguridad Social para el conjunto de los trabajadores que pasan por permitir la jubilación voluntaria a los 60 años con un período mínimo de cotización de 30 años; poder cobrar el 100% con un tiempo de cotización igual o superior a 38 años para las prestaciones voluntarias (con menos años cotizados, descuento del 3% por cada año que reste hasta los 38 años cotizados.