Asaja de Castilla-La Mancha ha denunciado que la Consejería de Agricultura ha dejado fuera al 95 por ciento de los solicitantes de las ayudas para inversiones en explotación agrícolas y ganaderas, los conocidos como planes de mejora, que no son jóvenes que se incorporan a la actividad.
Tras conocer la resolución de la Consejería, la organización agraria ha asegurado en una nota de prensa que ningún profesional ya instalado en la agricultura de las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara se beneficiará de esta medida. Y ha añadido que de los cientos de expedientes tramitados por las organizaciones provinciales de Asaja, solo se han aprobado nueve expedientes de agricultores a título principal (ATP).
Según Asaja «solo un ínfimo 1,2 por ciento de profesionales ya instalados en la actividad agraria o ganadera recibirán las ayudas», en concreto siete de Ciudad Real y cinco de Toledo, mientras que el 95 por ciento de los solicitantes que no son jóvenes incorporados se quedarán fuera, a pesar de que tienen los planes de mejora aprobados y una puntuación muy alta.
Los técnicos de Asaja de Castilla-La Mancha han corroborado también que solo unas 240 solicitudes son resoluciones provisionales con derecho a cobro, una vez superada la puntuación de corte, que en febrero la Consejería de Agricultura estimaba en 50 puntos y finalmente se ha establecido en 64. En consecuencia, muchos ATP que pretendían hacer una inversión de mejora en su explotación han quedado fuera, a pesar de cumplir los requisitos, por falta de puntos.
El secretario general de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), Antonio Torres, ha manifestado su indignación con esta decisión de la Consejería porque, a su juicio «discrimina a los agricultores» de zonas como Guadalajara, ya que «la Orden establece una baremación por puntos en base a criterios que, especialmente en esta provincia, es difícil cumplir, al ser mayoritariamente cerealista».
Asimismo, Asaja ha señalado que la Consejería, en una actuación «totalmente inusual», ha enviado cartas a las entidades colaboradoras, nominativas a cada agricultor y/o ganadero solicitante, en las que se comunica en resolución provisional el importe de la ayuda que les corresponde, en lugar de mandarles directamente la resolución denegatoria. Además, ha considerado que la falta de comunicación directa con el interesado ha creado unas «expectativas falsas» y ha lamentado que los solicitantes hayan tenido que asumir el coste de tramitación de estos expedientes, que por su complejidad precisan de una elaboración técnica cualificada.