Los gobiernos de Castilla-La Mancha y Aragón han reclamado al Ejecutivo central la puesta en funcionamiento de manera inmediata de las bonificaciones del 20 por ciento en los costes laborales a las provincias de Cuenca, Soria y Teruel.

Así se lo han trasladado el vicepresidente castellanomanchego, José Luis Martínez Guijarro, y la consejera aragonesa de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, en un encuentro mantenido entre las tres partes.

Se reclama la aplicación de las ayudas de funcionamiento de forma urgente, dado que han sido ya aprobadas por las Comisión Europea y están a falta de que el Gobierno central articule la forma de hacerlas efectivas.

La vicepresidenta Ribera ha mostrado receptividad a la petición de Castilla-La Mancha y Aragón, pero pide unos días para concluir las consultas a los departamentos responsables sobre la fórmula para poder aplicar estas bonificaciones, ha informado el Gobierno de Castilla-La Mancha en nota de prensa.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 incluía, en la disposición adicional centésima vigésima tercera, una mención a estas ayudas.

En concreto, se disponía que "el Gobierno establecerá las vías para el máximo aprovechamiento de las posibilidades de ayuda existentes para las zonas con una densidad de población muy baja", especificando que se trata de "aquellas con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado".

Además, recoge que el Ejecutivo central "velará por el desarrollo de planes de acción concretos que permitan contrarrestar en dichas zonas las dificultades demográficas".

Los gobiernos autonómicos llevan años haciendo un frente común con el objetivo de designar a las tres provincias como susceptibles de recibir estas ayudas.

El 19 de abril del año pasado, la Comisión Europea constató en las nuevas directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional de la Comisión Europea, diseñadas para el periodo 2022-2027, que las empresas turolenses podían tener acceso a estas subvenciones.

Hace un año, los ejecutivos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León pusieron en común un informe elaborado por una consultora en el que se daba respuesta a cómo articular estas bonificaciones, al amparo de estas nuevas directrices.

El estudio facilitaba al Gobierno central la herramienta jurídica necesaria para que Bruselas validara las ayudas, de forma que no tengan efectos negativos sobre la competencia y el comercio, como exige la Comisión Europea, y como así se ha constatado.