La cruz de muchos docentes en este curso empieza por 'P', la 'p' de proyectos educativos, de programaciones didácticas, de planes de digitalización o lectura, en definitiva la 'p' de papeleo. «Los docentes están desbordados por la ingente cantidad de documentos que hay que hacer», apunta José Antonio Ranz, presidente del sector Educación de CSIF en Castilla-La Mancha. «Una de las principales preocupaciones de los docentes es el exceso de burocracia», añade Manuel Tébar, secretario de Comunicación de ANPE en la región, «van hasta arriba». El responsable de Enseñanza de UGT, Manuel Amigo, avisa de que «está siendo un inicio de curso bastante angustioso y con exceso de trabajo».
Si de por sí un curso ordinario los docentes tienen que dedicar buena parte de su tiempo a este trabajo burocrático, en este se ha sumado toda la adaptación a la nueva ley, la Lomloe, que tienen que hacer de los documentos que guían el trabajo del centro y de cada enseñanza. Si bien la ley lleva aprobada tiempo, no ha sido hasta este verano cuando han empezado a publicarse los documentos necesarios para hacer estas adaptaciones.
Amigo, de UGT, comenta que se junta todo. «Tienes que organizar el curso, ponerte desde primeros de septiembre a trabajar con el alumnado y a la par hacer todo el trabajo de adaptación», explica, «ante una nueva ley se modifican todos los documentos programáticos, el proyecto educativo de centro, programaciones didácticas de cada uno de los docentes y adaptar las clases, la metodología, los nuevos requerimientos, hay que cambiarlo todo».
Ranz, de CSIF, coincide en que toca cambiar la programación entera: «Lo que antes eran contenidos, ahora se llaman saberes básicos. Antes había actividades a realizar, que se llaman ahora situaciones de aprendizaje. Es totalmente distinto». Además señala que no solo es más carga de trabajo, sino que los docentes están «desorientados porque no se dan instrucciones claras de cómo hacer una programación didáctica». Expone que desde la Consejería «lo tenían más o menos claro, pero cada delegación provincial está pidiendo cosas diferentes».
Desde ANPE, Tébar avisa de que ya «en algunos casos empieza a afectar a la salud mental de los docentes». Explica que ha sido a partir del verano cuando ha ido llegando una «publicación incesante de toda la normativa» y que los plazos de entrega de los documentos son muy cortos. Es más, la Consejería había ampliado dichos plazos hasta finales de octubre, luego se alargó al 30 de noviembre y Tébar cree que lo suyo sería ir hasta después de Navidad. Y es que no solo se trata de la nueva ley, sino que se añaden planes que tiene que tener cada centro y que exige la Junta como los de igualdad, digitalización o fomento de la lectura.
El representante de CSIF tampoco cree que con la nueva ampliación de plazos hasta finales de noviembre vaya a ser suficiente, pues recuerda que los docentes también tienen que seguir con el día a día de sus clases. El de UGT añade que aunque se llegue a tiempo con la documentación en plazo, «eso no acaba ahí, tienes que continuar empapándote de la nueva filosofía, de la nueva manera de llevarlo al alumnado».
Pero el problema de la burocracia entre los docentes no es nueva. «Se van sumando nuevas funciones a los docentes», apunta Tébar, «uno de nuestros lemas es que menos burocracia es más docencia, pues se está interfiriendo en el tiempo para preparar las clases». Ranz también lo ve así: «Nos parece desproporcionado lo que se está pidiendo a los docentes frente a lo que quieren hacer, que es dar clases, que es para lo que se han preparado y para lo que han hecho una oposición».
Por eso sus propuestas no acaban con la aplicación de la Lomloe, sino que buscan aligerar esa carga de papeleo en el medio y largo plazo. Amigo, de UGT, sugiere que la exigencia de elaboración de planes se vaya escalonando para que no coincidan todos en el tiempo y pide que se reduzca la carga lectiva de los profesores, es decir, el tiempo que tienen que dedicar a dar clases. Tal y como apunta Ranz, de CSIF, esas horas lectivas son 20 en Secundaria y 25 en Primaria cuando hay comunidades que están en 18 y 13. Plantea que se contrate a más personal de servicios y administración «para tareas como decir cuántos alumnos van a comedor escolar y que no lo tenga que hacer el equipo directivo». Además pide que se desarrollen leyes autonómicas como la de Autoridad del Profesorado. «Se producen situaciones conflictivas con alumnos disruptivos en el aula y hace falta un expediente disciplinario, que es mucho más trabajo para los docentes», recalca.
La primera evaluación. Este será el primer año con la Lomloe para los cursos impares, con lo cual esta primera evaluación será también la primera en la que se siga la nueva ley. Tébar explica que desde ANPE están haciendo formación porque reconoce que surgen muchas dudas, así que sus charlas telemáticas suman miles de visualizaciones. «Los docentes están preocupados por hacerlo bien. Lo que quieren hacer es adaptarse bien a la nueva normativa», señala.
Amigo, el responsable de Enseñanza de UGT, avisa de que esta nueva evaluación llevará más tiempo y trabajo al profesorado. «Es más abierta, más personalizable, donde es más difícil evaluar y el profesorado tiene más margen de actuación», indica. Amigo apunta que «eso está bien, pero trae más trabajo al profesor». Explica que la diferencia con la ley que estaba hasta ahora en vigor era que la evaluación estaba más estandarizada, dando una serie de ítems que ya iban clarificando una calificación. «Esta es más individualizable, desde UGT compartimos esa filosofía, pero es más difícil llevarla a cabo y requiere formación y tiempo», avisa. En términos generales reconoce que desde su sindicato valoran la nueva ley como ambiciosa y buena, pero advierte de que para que «pueda tener éxito, el profesorado necesita más apoyo y mejores condiciones laborales».