Suma y sigue. El desmantelamiento del tren convencional en territorio conquense sigue trayendo mucha cola. Más de una decena de ayuntamientos afectados por el cierre del ferrocarril registraron este miércoles en la Subdelegación del Gobierno una serie de alegaciones en oposición a la clausura de la línea ferroviaria Madrid-Cuenca-Valencia. «Creemos que no se está siguiendo el procedimiento legal, tampoco se está aportando información contrastada y no se puede afirmar que esta línea carece de rentabilidad económica y social porque no hemos recibido los informes en los que se basan para asegurar eso», explicó a los medios de comunicación el alcalde de Huete y portavoz de Pueblos con el Tren, Francisco Doménech.

Estas alegaciones –presentadas de forma simultánea también en las subdelegaciones del Ejecutivo en Toledo, Madrid y Valencia– son una de las balas que este movimiento social guarda en la recámara para impedir el adiós definitivo de la línea, cuya importancia «seguirán defendiendo» al ser «sólida, robusta y de futuro». Es más, apoyados en que «no se ha seguido el procedimiento legal» para cerrar la línea, ya avanzan que tomarán acciones legales y judicializarán el proceso. Además de –en paralelo– «continuar en la línea de protesta, reivindicación y concienciación de los ciudadanos».

Pueblos con el Tren, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril y «la sociedad que defiende la línea» argumentan que el tren es un transporte «básico e insustituible» para Cuenca y que además es «de primera necesidad mantenerlo para ganar el desarrollo futuro». Asimismo, Doménech se preguntó «¿por qué aquí hacemos lo contrario?» mientras el Ministerio anuncia un plan de mercancías que «pretende duplicar la cuota de transporte por ferrocarril del cinco al diez por ciento y lo dota con 8.000 millones de euros» y la Unión Europea «insta» a que se incremente la apuesta por el ferrocarril. 

Por su parte, el presidente de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca, Francisco de los Cobos, subrayó que este proceso «se tiene que parar y se tiene que reflexionar sobre él» porque «no se puede partir de una decisión sobre la que no hay ningún tipo de consenso, de la que no se ha comunicado nada a las administraciones interesadas y con la que el rechazo de la ciudadanía de cuatro provincias es absoluto».