El plan del Gobierno para reformar el delito de sedición y su puerta abierta a hacer lo propio con el de malversación, como exige ERC, ha hecho saltar todas las alarmas en el Congreso por miedo a las dimensiones reales de la hoja de ruta pactada con los republicanos. Ya ocurrió hace dos semanas, dinamitando las negociaciones para renovar el Poder Judicial entre PSOE y PP, y lo hizo de nuevo la pasada, con una oposición cada vez más crítica y fiel a la idea de que el presidente, Pedro Sánchez, se pliega a las exigencias de los independentistas, y unos socios de coalición y otras fuerzas aliadas muy recelosas de las consecuencias de hacer un cambio de tal calado en el Código Penal.
Así, una vez hecha pública la idea del Ejecutivo de convertir la sedición en «desórdenes públicos agravados», el debate político se centra ahora en el segundo delito por el que también fueron condenados muchos líderes del procés: la malversación. Un cambio que reclaman los del partido de Oriol Junqueras al inquilino de la Moncloa que, aseguran, está ya pactado.
La malversación fue modificada hace siete años, con la reforma del Código Penal aprobada en 2015 con los votos del PP y el rechazo del entonces bloque de la oposición. En ese momento, el delito exigía que el dinero público desviado redundara en lucro propio o de terceros. La actual regulación sanciona con penas de dos a seis años a «la autoridad o funcionario público» que incurriese en administración desleal sobre el patrimonio público, es decir, que cause un perjuicio a los fondos públicos teniendo facultad para administrarlos. Y las mismas condenas recoge para aquella autoridad o funcionario que incurra en el delito de apropiación indebida sobre el patrimonio público, es decir, que haga acopio «para sí o para un tercero» de fondos públicos.
Según analizó el Supremo en una sentencia de 2019, la nueva redacción reprueba «la conducta de la autoridad o funcionario público encargado del patrimonio público que (...) causa un perjuicio al patrimonio administrado», una modalidad «mucho más amplia» que la definida antes de la reforma y en la que -decía el Alto Tribunal- «caben actuaciones distintas de la mera sustracción tales como la asunción indebida de obligaciones».
El actual Código Penal recoge un abanico de penas de cuatro a ocho años de prisión y de 10 a 20 de inhabilitación en función de una serie de supuestos, como haber causado «un grave daño o entorpecimiento al servicio público» o que el valor de los efectos apropiados sea mayor de 50.000 euros. Y contempla una condena de hasta 12 años de cárcel en el caso de que estos bienes excedan los 250.000 euros.
Sin Lucro personal
A la espera de que se concreten las enmiendas a la proposición de ley registrada en el Congreso que planteen los diferentes grupos en su tramitación parlamentaria, Unidas Podemos ya ha anunciado que está estudiando una enmienda a la reforma del Código Penal para que la malversación distinga cuando hay un enriquecimiento personal y cuando no lo hay. En este sentido, el portavoz de la formación morada en la Cámara Baja, Pablo Echenique, aseguró que no tienen decidido si apoyarán una reforma de este delito, al subrayar que es un «tema delicado» con muchas «aristas» y que requiere un debate interno dentro del grupo parlamentario.
Sin embargo el portavoz adjunto y dirigente de IU, Enrique Santiago, se mostró de forma paralela partidario de modificar la malversación por ser una cuestión de «seguridad jurídica» diferenciar lo que es una gestión ineficiente de recursos públicos y el enriquecimiento personal, es decir, «robar».
Asimismo, fuentes del espacio confederal próximas a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, reconocen que en Podemos están molestos por haber estado ausentes en la negociación de estas reformas del Código Penal, y haberse enterado en la entrevista de Sánchez en televisión de los términos concretos de las modificaciones pactadas con ERC.