La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que atiende reclamaciones de ciudadanos, decidió este miércoles estudiar la queja de un particular español contra el cierre decretado por el Gobierno de la línea de tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia, ya que, según el demandante, la medida perjudica al desarrollo de la provincia manchega. El reclamante, Fernando Casas Mínguez, denunció que la línea se cerrara "aprovechando una catástrofe natural", a raíz de los destrozos que el pasado 2021 el temporal Filomena provocó en la infraestructura, y tachó la medida de "antidemocrática", ya que, dijo, "no contó con la opinión de los pueblos afectados". "Es una línea de ferrocarril de interés general, que discurre por un territorio mayoritariamente rural. El problema que tiene es el mantenimiento, que ha sido deficiente. Parar el servicio es un perjuicio para una provincia que está catalogada por la Comisión Europea como zona especialmente desfavorecida", apuntó Casas. La presidenta de la comisión parlamentaria, la eurodiputada española Dolors Montserrat, optó por mantener abierto el examen de esta petición, tras comprobar que la mayoría de los grupos en el comité se pronunciaban a favor de seguir analizando el caso. Además, el comité también preguntará a España que aclare si tiene la intención de destinar fondos europeos para modernizar esta línea ferroviaria, ahora cerrada, después de que la Comisión Europea afirmara, en la sesión de hoy, que el Gobierno tiene potestad para incluir esta inversión en su plan de recuperación. Pese a que la línea Madrid-Cuenca-Valencia no forma parte de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-E) diseñada por la Comisión Europea, y que define las conexiones de inversión prioritaria para agilizar la movilidad en la Unión, el representante del Ejecutivo comunitario en la comisión de Peticiones afirmó que el Gobierno cuenta con otros mecanismos financieros para poder modernizarla. "La línea de la que hablamos hoy cae fuera del ámbito de las ayudas financieras decididas por el Gobierno de España (en el plan de recuperación post-pandemia). Pero esto es algo sobre el papel, porque España podría modificar su plan nacional e incluir nuevas inversiones en un futuro", esgrimió el representante de la Comisión, Wojciech Sopinski, en la reunión del comité. En este sentido, el responsable del Ejecutivo comunitario recordó que los fondos regionales que Bruselas transfiere a los Estados "también dan margen para financiar la modernización de estas líneas", pero, apostilló, "una vez más es España quien decide qué líneas de las que están fuera de la red RTE-T tienen que modernizarse o ponerse en servicio de nuevo". En declaraciones a EFE tras la sesión, el presidente del PP de la provincia de Cuenca, Benjamín Prieto, agradeció a la Comisión Europea su posición mantenida en el asunto. Prieto, que lideró una delegación de alcaldes y concejales del PP de Cuenca en la Eurocámara, culpó al Gobierno central y al de Castilla-la Mancha, ambos en manos socialistas, de "apartar los fondos" para evitar el cierre de la línea y arremetió contra ellos al considerar que "hacen daño a un territorio a sabiendas". Por su parte, la eurodiputada del PSOE Cristina Maestre, también castellano-manchega, expuso en la sesión del comité de Peticiones que la línea Madrid-Cuenca-Valencia tarda más de siete horas en completar su recorrido y afirmó, según sus datos, que cuenta con "un pico máximo de uso de 37 pasajeros". "Tenemos que pasar página de un transporte obsoleto, antiguo y que cada vez menos gente coge, para acogernos a uno nuevo que es más eficiente, seguro, económico y que cada vez más gente coge", apuntó Maestre, en alusión al nuevo modelo de transporte sensible a la demanda, impulsado por el Gobierno castellano-manchego. Está basado en la puesta en marcha de monovolúmenes que, sin horarios ni itinerarios fijos, realizan los desplazamientos de los ciudadanos cuando las líneas regulares no cubren esas horas. "Aquí teníamos dos alternativas: cerrar la línea de Cuenca y no dar ninguna alternativa, o promover un transporte más adaptado a la demanda y garantista", sentenció la eurodiputada del PSOE. EFE