El juicio de Tainsa ha quedado hoy visto para sentencia en la segunda jornada de la vista oral, celebrada en el juzgado de lo Penal número dos de Cuenca. 
De los siete concejales y ex concejales del Ayuntamiento taranconero acusados de un delito contra la Hacienda Pública, la Fiscalía ha retirado la acusación  a los ex ediles del PSOE, Lourdes Luna, actual delegada provincial de Igualdad, y Luis Daniel López, ya que no eran miembros del Consejo de Administración de la empresa municipal Tarancón Industrial, S.A. (Tainsa) en el momento del presunto delito. No obstante, al igual que los otros cinco encausados llevan desde 2013 que empezó el proceso judicial con los bienes embargados, e igualmente tendrán que esperar sentencia absolutoria, que llegará dentro de la sentencia general.
El juicio ha terminado hoy con las conclusiones de las partes, y el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, que mantienen su petición de pena de tres años de cárcel, y una multa de 1,7 millones de euros, para el ex alcalde Raúl Amores, la concejal Carolina Rey, y los ex ediles Yohana Rodríguez, Juan García y Raúl Martínez. La acusación sostiene que en la urbanización del polígono Senda de los Pastores Tainsa hizo una incorrecta distribución de las cargas, y no repercutió un IVA de 893.000 euros, mientras que las defensas aseguran que no hubo delito tributario, y que las operaciones contaron con el respaldo y supervisión de los técnicos municipales. 

El detalle

Ni Luna ni López formaban parte del Consejo de Administración de Tainsa en el segundo trimestre de 2009, fecha en la que según la acusación se produjo la infracción que ha dado origen a la causa, 893.000 euros de IVA no repercutido en las obras de urbanización del polígono Senda de los Pastores. Ambos ediles entonces entraron a formar parte del Consejo de Administración en una fecha posterior, julio de 2009. Según estas mismas fuentes, esta circunstancia está reflejada en la causa desde un principio, pero no se ha tenido en cuenta, por lo que tanto Luna como López fueron acusados y han tenido, al igual que los otros cinco procesados, sus bienes embargados desde el año 2013.