Algunas interpretaciones más o menos maliciosas creen que la posible revisión penal del delito de sedición, que ha desencadenado la suspensión (temporal) de las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el gobierno de los jueces, tiene como último objetivo rebajar las penas previstas para algunos de los dirigentes del 'procés' independentista huidos y facilitar así su regreso a Cataluña. De esta forma, Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y, sobre todo, Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya y residente hoy en Suiza, volverían a poner pie en tierra española.
Se consolida así la creencia de que el llamado 'problema catalán', que este mes podría experimentar sustanciales variaciones en los tribunales europeos, está condicionando de manera decisiva el conjunto de la política española y la estabilidad de las instituciones.
De nada sirve que el Gobierno de Pedro Sánchez insista en que nada tiene que ver, o no debería tenerlo, una posible reforma del delito de sedición, que pesa sobre los mayoría de los personajes anteriormente citados, en ocasiones junto con el de malversación, con las negociaciones sobre la renovación del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, que llevan ya largo tiempo habiendo superado sus mandatos constitucionales, paralizando en parte la acción de la justicia en España. Y de nada sirve tampoco para solucionar el atasco que el Partido Popular de Núñez Feijóo se empeñe en que, con reforma penal 'oportunista', no habrá renovación.
Ambas partes, Sánchez y Feijóo, tienen en principio previsto un encuentro en La Moncloa este miércoles (a ver si finalmente se concreta, que esa es otra) y, ante el aluvión de críticas que ambos han recibido por el frenazo a la negociación, tendrían en principio y según los dictados del sentido común, que desatascarla cuanto antes, porque la incomprensión de la opinión pública y de las instancias europeas es ya muy grande. ¿Lo harán?
Todas las fuentes sostienen que, hasta el pasado jueves, los últimos flecos estaban cerrados y que el anuncio de un acuerdo 'provisional', con promesa de modificación futura de la fórmula para elegir el Consejo de los jueces, se produciría esta misma semana. Luego vino el estallido del acuerdo, anunciado por teléfono por Feijóo a Sánchez mientras este se encontraba en vuelo desde Pretoria. Ahora veremos si llegan a un mínimo consenso antes de que el próximo día 24 se voten los Presupuestos (Esquerra ha dicho que, si no hay reforma de la sedición, no habrá Presupuestos) y antes de que, el día 25, el Tribunal de Justicia de la UE decida si el acta de eurodiputado del ex president de la Generalitat, el fugado Carles Puigdemont, sigue gozando de validez y si, por tanto, seguirá gozando de su actual inmunidad.
Y quedan otros dictámenes quizá inminentes a otros tantos recursos acerca de si las sentencias del 'procés' fueron o no proporcionadas a las actuales regulaciones europeas en materia de sedición, que es cuestión no poco controvertida, por cierto, en los ámbitos jurídicos españoles: ¿es más severa la legislación media europea o más benigna? Pues depende del país y de las circunstancias: en ninguna nación de la UE, por ejemplo, existen las tensiones territoriales que padecemos en España y que han provocado que los dirigentes del 'procés' cometan sedición.
Modificar el delito de sedición solamente para beneficiar, si es que lo hiciese, que sobre esto tampoco hay doctrina pacífica, a Puigdemont, no puede condicionar ni las negociaciones con el PP sobre la renovación judicial ni la mesa negociadora con el hoy inestable Govern de la Generalitat. Al president Aragonès le importa poco, sospecho, el retorno de Puigdemont, que hoy es su ya declarado enemigo político. Pero sí le importa, y mucho, el de Marta Rovira, que sigue siendo la secretaria general de Esquerra y está imputada por presunta rebelión a raíz de su participación en la organización del referéndum de independencia de 2017. En marzo de 2018 no se presentó a la citación ante el Tribunal Supremo y huyó a Suiza.
Su causa, en cierta forma, se separa de la de Puigdemont y de la de los 'duros' de Junts, pero, de alguna manera, se ve implicada en el destino del 'fugado de Waterloo'. Ella también está a la espera de lo que decida la Justicia europea. Como, por otra parte, lo estamos todos nosotros, conscientes de que la estabilidad política española, y la credibilidad de España como democracia, están en juego. Y no, alguien como Puigdemont ni debe ni puede ser el árbitro de ese juego.