r.l.c./ tarancón
Los siete ex ediles del Ayuntamiento de Tarancón acusados por un delito a la Hacienda Pública a través de la excinta empresa municipal Tainsa (Tarancón Industrial, S.A.) han quedado absueltos. Tras la última jornada del juicio oral, el 28 de noviembre, así lo recoge la sentencia dictada el martes por la magistrada Elena Berlanga del juzgado de lo Penal número 2 de Cuenca.
E l documento, que declara de oficio el pago de las costas procesales, indica que no han quedado acreditados los hechos por los que se formuló la acusación. La Fiscalía sostenía que Tainsa hizo una redistribución incorrecta de las cargas y que adeudaba a la Hacienda Pública 893.262,62 euros del IVA devengado, pero no declarado en concepto de dicho impuesto, de la urbanización de unos terrenos munici- pales en el polígono Senda de los Pastores que se estima debieron facturarse a la mercantil Quinarius. Desde la Abogacía del Estado, que también formuló acusación por un delito de defraudación, reiteran que no cabe más que una sentencia absolutoria al no estar acreditado, de la documental existente, que concurran los requisitos necesarios para apreciar esta infracción penal.
Asimismo, la sentencia recoge que igual que por los delitos de defraudación y de administración desleal, no cabe más que la absolución en referencia a posibles resoluciones arbitrarias, pues no hay concurrencia de delito contra la Hacienda Pública en relación con los honorarios profesionales y la no exigibilidad de los gastos financieros apreciada la prescripción de las cantidades que por IVA se reclamaban en cuanto a los gastos de urbanización del citado polígono. Como recoge la sentencia, las resoluciones que acordaron la distribución de cargas son del 4 de mayo de 2006 y del 31 de julio de 2006, encontrándose, en consecuencia, prescrito este delito. En relación al acuerdo suscrito entre Incarlopsa y Tainsa sobre los costes financieros, no existe prueba alguna que acredite que la misma es contraria a derecho.
Los ex consejeros
El último día de la vista oral la Fiscalía retiró la acusación a los ex ediles del PSOE, Lourdes Luna, actual delegada provincial de Igualdad, y Luis Daniel López, ya que no eran miembros del Consejo de Administración de Tainsa en el momento del presunto delito (fue en 2009 cuando se desarrolló la urbanización del Senda de los Pastores). Ahora llega la absolución también para el resto, el ex alcalde del PSOE, Raúl Amores; la ex edil de IU y actual concejal de Unidas Podemos, Carolina Rey; y la ex concejal del PSOE Johana Rodríguez, que estaban acusados desde el principio. Y también para los ex ediles del PP Juan García y Raúl Martínez, procesados desde 2015.
Durante el procedimiento penal de este presunto delito fiscal (desde el año 2013), todos los acusados, para los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado pedían una pena de tres años de cárcel y una multa de 1,7 millones de euros, han tenido sus bienes embargados. Realmente han estado ocho años «sometidos a la pena del banquillo, muchos rozan ya el umbral de la pobreza, con proyectos truncados y un sinfín de dramas más, a parte de la lesión social causada en base a una imputación infundada, que fue construida sobre hechos manifiestamente falsos», afirmaba hace unos meses Gonzalo Domínguez, abogado del ex alcalde socialista, Raúl Amores, que recalca que a pesar de esta medida cautelar no se les ha cuestionado que se llevaran dinero, sino que se les pedía responder de un presunto delito fiscal por ser miembros del Consejo de Administración de Tainsa (entre los años 2007 y 2011).