España se apaga por la noche desde el pasado miércoles. El Gobierno ha decidido que las luces de los escaparates y los edificios públicos deberán prescindir de las luces a partir de las 22,00 horas con el objetivo de ahorrar energía. Se trata de una medida en el marco de la crisis energética que vive Europa, aunque aún no está claro qué impacto real puede llegar a tener.
Las medidas más importantes del nuevo decreto que ha entrado en vigor son la regulación de los termostatos y del alumbrado. El aire acondicionado en las grandes superficies, comercios y edificios públicos no podrá estar por debajo de los 27 grados centígrados. Mientras, en invierno, la calefacción también estará sometida a restricciones en los mismos lugares y la temperatura no podrá superar los 19 grados. 
Para contribuir a preservar estas medidas, los edificios y los locales estarán obligados al cierre automático de las puertas a partir del 30 de septiembre dentro en un segundo paquete de normas

¿A quiénes afecta? 

Con carácter general, estas medidas se aplicará a los edificios y espacios públicos, comercios y locales al estar sujetos al reglamento de instalaciones térmicas y al código de alumbrado, dependientes de las comunidades autónomas. La normativa contempla excepciones para lugares donde sea necesario mantener una temperatura adecuada, como hospitales, gimnasios, centros educativos, industrias, cocinas o supermercados. 

¿En qué territorios se debe aplicar? 

Las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno estarán vigentes en todo el territorio nacional, por lo que afectarán tanto a las 17 comunidades autónomas como a Ceuta y Melilla. 

¿Durante cuánto tiempo estarán vigentes? 

El real decreto contempla su vigencia en principio hasta el 1 de noviembre del próximo año. 

¿A qué sanciones se enfrentan quienes no las cumplan?  

Aquellos espacios que incumplan la nueva normativa se enfrentarán a importantes multas que irán desde los 60.000 euros, pero que incluso podrían llegar hasta los 100 millones de euros para las faltas más graves. No obstante, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que ahora se abre un período transitorio en el que, por el momento, no habrá sanciones. 

¿Cuáles han sido las reacciones a esta medida? 

La oposición ha rechazado desde el primer momento estas medidas. El PP ha solicitado al Ejecutivo una serie de informes que justifiquen las medidas y que expliquen el impacto que tendrán sobre la economía. También los gobiernos regionales del PP se han mostrado reticentes a aplicarlas, destacando la Comunidad de Madrid, donde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso las recurrirá ante el Tribunal Constitucional por considerar que invade competencias autonómicas. Por otra parte, comerciantes y hosteleros también han criticado el plan, cuestionando su alcance real y alegando que supondrá una pérdida inevitable de clientes e ingresos, además de provocar un gasto inesperado.

¿Serán efectivas? 

La efectividad de las medidas dependerá de cómo respondan los individuos, dado el carácter atomizado de la demanda de energía eléctrica y de que su consumo y ahorro depende de decisiones individuales. Algunos analistas económicos vaticinan que no van a ser eficaces ni efectivas, porque se han planteado con precipitación y no se han tenido en cuenta las peculiaridades geográficas y económicas ni de las regiones, ni de las ciudades ni de los negocios. 
El plan ha polarizado el debate, especialmente en la esfera política, después del Madrid no se apaga con el que se rebeló la presidenta  madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y de que el lendakari, Íñigo Urkullu, dijera que el País Vasco cumplirá las medidas aunque hayan sido impuestas. 

¿En cuánto se estima el ahorro? 

La ministra Teresa Ribera ha asegurado que «un grado menos de temperatura permite ahorrar un siete por ciento del consumo», y se remitió a las estimaciones de «una gran empresa pública titular de más de 90 hoteles y 100 restaurantes», Paradores, que prevé ahorrar «más de un millón de euros en un año». Pero hablar de una cifra cerrada en el sector privado es más difícil al ser «grandes superficies muy variadas entre ellas». Además, no se ha presentado una memoria económica que justifique ese siete por ciento ni se ha hecho un análisis coste-beneficio.

Más medidas en septiembre

Más allá de estas medidas urgentes, el Gobierno dará a conocer en septiembre su plan de contingencia. Por ahora, ha replicado el paquete ya anunciado el pasado mayo para la Administración General del Estado, aunque el ámbito doméstico sigue fuera de estos planteamientos. De momento, Transición Ecológica ha lanzado una campaña, #AhorraEnergía, con recomendaciones como «Una ducha (corta) mejor que un baño (caliente)», «Baja el toldo y las persianas en las horas de más calor» o «Mejor poner el ventilador que el aire». Además, también se sugiere fomentar la compra de enchufes inteligentes, desconectar todos los aparatos en stand by y revisar las tarifas contratadas.

¿Hay más países con similares normas? 

Estas medidas se encuentran en el marco del plan de ahorro energético propuesto por la Unión Europea, que busca que los países reduzcan su consumo energético en un 15 por ciento, a excepción de España y Portugal, que deberán reducirlo en un 7 por ciento por la llamada «excepción ibérica». La situación de España, que no es tan dependiente del suministro de energía de Rusia, es diferente de la de otros países, que aunque han adoptado diferentes medidas, aún no tienen una normativa definida.
Francia, que fue el país pionero en un plan de ahorro energético, ha decretado la prohibición de carteles luminosos a partir de la 1,00 horas de la madrugada, mientras que en Alemania (que recibe un tercio de su gas desde Rusia) ha instado a que se cumplan una serie de recomendaciones, como limitar la temperatura, mientras que las ciudades y regiones del país teutón están ya tomando sus propias medidas. Otras naciones directamente dependientes de la energía rusa como Italia, República Checa o Polonia, aún no tienen una estrategia definida para ahorrar energía.