El bloqueo político, en el que concurren un Parlamento paralizado y un Gobierno en funciones, ha frenado el avance del Pacto de Estado contra la Violencia de Género: tres de cada cuatro de sus medidas no se han adoptado más de año y medio después de su aprobación.

Esta iniciativa vio la luz a finales de 2017 con el apoyo de todos los grupos y la abstención de Unidas Podemos, pero la inestabilidad política en el país y la interrupción de la actividad parlamentaria han dificultado el desarrollo de las reformas legislativas necesarias y la consecución, en última instancia, de la mayoría de sus medidas.

«Es un espectáculo lamentable y es desalentador: la parálisis, el cortoplacismo y la guerra continua en relación a tres temas cuando habría muchísimos otros en los que quizá sí se podría hacer el esfuerzo de llegar a acuerdos entre todos», lamentaba recientemente la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime, por la falta de nuevo Gobierno.

El 25 por ciento de los 292 puntos que incluye del Pacto ya están en marcha, un total de 75, pero 50 de ellos ni siquiera se han abordado y en los 167 restantes se ha dado algún paso, pero no se ha completado su implantación.

Algunos de ellos requieren la implicación del Congreso de los Diputados y el Senado, con la modificación de normas como el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Otros, en cambio, dependen directamente de determinados ministerios y algunos también de Comunidades y Ayuntamientos.

La reforma del Código Penal para revisar la reincidencia en la violencia de género y para imponer prohibiciones en caso del quebrantamiento de la condena por parte de los agresores o posibilitar a los jóvenes el cambio de apellidos para quitarse el del maltratador son algunas de las medidas que requieren la implicación del Parlamento, y en las que no se ha avanzado.

Pero son muchas aquellas en las que se ha iniciado el camino, aunque no han llegado aún a término. Entre ellas, prohibir las visitas de los menores a la cárcel a un padre condenado por violencia de género, suspender el régimen de visitas cuando un niño hubiera presenciado o sufrido manifestaciones de violencia, suprimir las atenuantes de confesión y de reparación del daño en la violencia machista, tipificar mejor los delitos en el ámbito digital o ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia sobre la mujer.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad en funciones, Carmen Calvo, solicitaba este mes a todos los partidos firmantes del Pacto que apoyen la modificación de las normas orgánicas necesarias «con la misma firmeza» con la que respaldaron el documento en el primer momento en el que esté activada la Cámara.

«Las retomaremos -las reformas- en cuanto que podamos porque esto no solamente no remite, sino que se acrecienta», manifestó Calvo en relación a la violencia contra las mujeres.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis alerta del «incremento notable» de las víctimas mortales en lo que va de 2019 y urge a avanzar en la puesta en marcha de todos los puntos del Pacto, en el que «se hizo un esfuerzo muy ambicioso» y se recogieron «medidas muy positivas» para luchar contra este problema.