El 38% de las personas que accedieron a la jubilación el año pasado lo hizo de manera anticipada, con menos de 65 años, un porcentaje similar al de hace una década y una vía que el Gobierno quiere endurecer para intentar acercar la edad de jubilación real a la legal. Así, y según los datos de la Seguridad Social, de los 285.870 nuevos jubilados en 2020, 176.289 tenía 65 o más años, mientras que el resto era más joven.

El porcentaje de pensiones anticipadas es similar al de hace 10 años (38,1%), pero se ha reducido respecto al 44,4% sobre el total que llegó a representar en 2016.

Es uno de los factores que incide en la brecha de 1,3 años que hay en España entre la edad real de jubilación, que se situó en 2020 en 64,5 años, y la edad legal de retiro para ese año (65 años y 10 meses). 

Esta diferencia se ha incrementado en la última década, ya que en 2010 la edad a la que de media se jubilaban los trabajadores españoles eran los 63,8 años, frente a los 65 legales, lo que situaba la brecha en 1,16 años.

Con estas cifras, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, trabaja en una serie de cambios que, por un lado, endurezcan las condiciones de las prejubilaciones y, por otro, premien a los que opten por ampliar su carrera laboral de forma voluntaria.

En el primer punto, el objetivo de Escrivá es que la pensión de los que decidan jubilarse de forma anticipada -se puede optar a esta opción dos años antes de la edad legal siempre que se tengan 35 años cotizados- se vea reducida de facto con un 8% por año, tal y como recoge la normativa cuando se acredita un período de cotización inferior a 38 años y 6 meses. Actualmente, y según los cálculos facilitados por el Gobierno, esta reducción termina siendo inferior, alrededor del 4%, ya que se aplica sobre la base reguladora y no sobre la pensión directamente penalizando menos a los salarios más altos .

Recompensa

La otra vía en la que trabaja actualmente el Gobierno consiste en premiar más a los que se jubilan por encima de la edad legal, y para ello ha avanzado ya dos líneas de trabajo. Por un lado, Escrivá quiere acabar con la posibilidad de que se pueda obligar a alguien a jubilarse forzosamente al alcanzar la edad legal. Y por otro, incide en dar más publicidad y evaluar la posibilidad de modificar los incentivos a quienes se jubilan más tarde, con pagos de una sola vez para que la gente tenga «carreras laborales más largas».

Todos estos temas, enmarcados en la reforma de pensiones que el Gobierno quiere aprobar de forma consensuada apoyado en las recomendaciones del Pacto de Toledo, deben pasar por la mesa del diálogo social con patronal y sindicatos.