La sanidad, la educación y la justicia son tres pilares que garantizan la cohesión y la igualdad real de los ciudadanos. La educación baja sus estándares de calidad cada nueva reforma y la justicia la están dinamitando los políticos. En la pandemia descubrimos la capacidad de respuesta de nuestro sistema público de salud y la excelencia y sacrificio de sus profesionales. Cuando pasó y nos olvidamos de los aplausos en los balcones, se acabó también la atención pública a las carencias y necesidades de la sanidad. A mediados de 2020 se aprobó en el Parlamento, por una amplísima mayoría, un documento con decenas de medidas para la reconstrucción del sistema sanitario. Nadie ha hecho nada.
Hay un problema de gasto sanitario y de falta de profesionales. España gasta 1.808 euros por habitante frente a los 2.299 de la media de la Unión Europea. Solo cinco comunidades autónomas --Andalucía, Aragón, Extremadura, Madrid y Asturias-- han aumentado sus presupuestos por encima del IPC. Y aunque el dinero es importante, no lo es todo. La eficiencia en la gestión también cuenta. Madrid es la comunidad que menos gasta en sanidad --y ahí están sus problemas en atención primaria o en urgencias--, pero sin embargo tiene mejores datos que la casi totalidad de las autonomías en especialistas por cada 100.000 personas o en días de espera para consultas de especialistas y para cirugías tanto urgentes como no urgentes. También tiene varios de los hospitales públicos más eficientes de España. Luego no todo es dinero, aunque hay que gastar más. La sanidad pública en toda España ha batido sus récords de pacientes en lista de espera y los problemas y las protestas están vivas o latentes en lugares como Cantabria, Cataluña, Valencia, Aragón, Extremadura, Navarra o Andalucía. No es solo Madrid.
El diagnóstico es claro: hay que aumentar la financiación pública en sanidad; hay que subir salarios a los profesionales y acercarlos a los países de nuestro entorno si queremos retener el talento médico y evitar su fuga --18.000 en los últimos diez años-- y si es posible, conseguir que regresen; hay que defender a los profesionales y dotarles de estímulos en su carrera profesional; hay que gestionar de forma eficiente y olvidar los condicionantes ideológicos o políticos --por ejemplo en aquellos lugares donde se prima el conocimiento de la lengua autóctona sobre el conocimiento sanitario--; hay que atender a la formación de los MIR y evitar que queden plazas sin adjudicar por culpa de la burocracia o que se adjudiquen con criterios absurdos y que, después de diez años de formación, perciban salarios vergonzosos; hay que acabar con la burocracia en la convalidación de títulos; hay que buscar soluciones a las jubilaciones masivas... No es de extrañar el hartazgo de los profesionales.
El sistema sanitario español resiste milagrosamente gracias al esfuerzo y sacrificio del magnífico personal sanitario que tenemos. Pero está empeorando y se está deteriorando de forma alarmante. Hay que invertir más, pero también en esfuerzos y pactos para buscar soluciones, para aprovechar los fondos europeos, para tener un plan a medio plazo y una gestión eficiente. Porque si no hay médicos y enfermeros no hay posibilidad de tener un buen sistema de salud público, una vía fundamental para garantizar el Estado del Bienestar. ¿Qué hacen los Colegios de Médicos y de Enfermería? ¿Qué hacen las comunidades autónomas? Eso sí, tenemos una ministra de Sanidad que está preparando las maletas para competir por la alcaldía de Las Palmas en lugar de atender las graves carencias del Sistema Nacional de Salud. Y un Gobierno y un Parlamento ajenos a este enorme problema.
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