La decisión del presidente de la Junta de Andalucía de suprimir el impuesto sobre el patrimonio, en la estela de lo que ya ha hecho Madrid, ha desatado el debate sobre las normas fiscales, con la vista puesta en las consecuencias de esa decisión, enfrentando la armonización de impuestos a la libertad y la competencia entre comunidades autónomas de otra. Una discusión que pone de manifiesto lo que tendría que haberse afrontado desde hace tiempo y que ningún gobierno se ha atrevido a realizar a pesar de que los ciudadanos, por un lado, la sociedad en su conjunto por otro. y también las comunidades autónomas del régimen general, sufren las consecuencias por no contar con los medios económicos necesarios para financiar los servicios públicos que tienen transferidos.

Todos los gobiernos, a la vista de lo ocurrido desde la crisis de 2008, sea porque el país ha atravesado unos años de continua campaña electoral, sea porque se han acumulado los efectos de la crisis del covid-19, la invasión rusa de Ucrania, y en el aspecto interno por la sensación de cambio de ciclo, nunca han encontrado tiempo para acometer las dos reformas que se necesitan, la fiscal y la del sistema de financiación autonómica.

Pedro Sánchez llegó a La Moncloa con el compromiso de cambiar el modelo im`positivo, que además era una de las líneas de los acuerdos con Unidas Podemos que forma parte de su Gobierno. Tras encargar un Libro Blanco para la Reforma Tributaria a un grupo de expertos, Sánchez y sus ministros del rubro económico renunciaron a aplicar las recomendaciones sugeridas para paliar una situación ancestral: que nuestro país recauda menos por la vía de los impuestos a las empresas que el conjunto de la Unión Europea, y favorecer que la ciudadanía percibar que existe una relación directa entre la carga impositiva y los servicios que recibe. Pero los expertos también decían que era preciso afianzar la recuperación económica antes de iniciar cualquier reforma que aumentara la recaudación y ese momento todavía no ha llegado, y por tanto la reforma fiscal duerme el sueño de los justos y se parchea mediante nuevos impuestos a las grandes empresas beneficiarias de la crisis de la inflación en este caso avalados por la Unión Europea.

Si es imposible llevar a cabo la reforma fiscal, y menos con un acuerdo entre los dos grandes partidos por sus visiones económicas diametralmente opuestas, también lo es afrontar una nueva financiación autonómica, en este caso porque existen diferencias en el seno de cada uno de ellos, en función de que las regiones en las que gobiernan prefieran que se tenga en cuenta el envejecimiento y la dispersión de la población o su número de habitantes. La consecuencia es que el sistema lleva sin renovarse desde 2013 y las regiones solo ha encontrado un cierto alivio gracias a la crisis de la inflación, porque también ellas "se forran" con el aumento de la recaudación al tener transferida la gestión de parte del IVA.

Y una coda, aquellos que se oponen a la armonización de impuestos y se quejan de los regímenes especiales con que cuentan el País Vasco, Navarra y las Islas Canarias, deben decir si lo que proponen es abordar una reforma de la Constitución, porque sus sistemas fiscales se encuentran recogidos y protegidos en ella, y esa sí que es una línea roja que ni PSOE ni PP están dispueetos a traspasar.