Todos los municipios de más de 50.000 habitantes tendrán que disponer de una zona acotada de bajas emisiones antes de que termine 2023. Así lo establece la ley de cambio climático y transición energética que entró en vigor en mayo del año pasado y así obrará Cuenca en consecuencia. De esta forma, la zona centro limitará el tráfico a los vehículos más contaminantes, tal y como ya se hace en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, con las «lógicas excepciones» de residentes o trabajadores. En palabras del concejal de Servicios Públicos, Obras, Medio Ambiente y Movilidad, Adrián Martínez, el objetivo es destinar un espacio a la «pacificación» del tráfico rodado y reducir la emisiones de dióxido de carbono.

El Ayuntamiento –que ha desarrollado una memoria con su plan de acción– no tendrá que acometer esta ambiciosa infraestructura en defensa de la movilidad sostenible por sí solo, y es que cuenta con financiación tanto estatal como autonómica para ello. De hecho, el Gobierno le ha otorgado, provisionalmente, 200.000 euros merced a los fondos europeos, mientras que el Ejecutivo regional ha hecho lo propio con 100.000 con cargo al Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA). En este momento y con esa financiación encima de la mesa, el equipo de Gobierno se encuentra inmerso en cómo desarrollar el proyecto a través de acciones paralelas que complementen las «nuevas formas de moverse por la ciudad».

El primero de esos pilares es determinar la zona de bajas emisiones en sí. Tal y como establece la Dirección General de Tráfico y Martínez replica, se trata de zonas con un alto tránsito de vehículos y, en ese sentido, el centro de Cuenca cumple perfectamente con los requisitos. El mapa que el Ayuntamiento ha dibujado engloba calles como Fray Luis de León, Tintes, Juan Correcher, Alonso Chirino, Noheda, Gregorio Catalán Valero, así como el entorno del Parque de San Julián. Los límites de esta zona de bajas emisiones serían las calles Colón, Aguirre, Las Torres y el río Huécar. En definitiva, apunta el concejal, una superficie cercana a los 130.000 metros cuadrados.

El centro limitará el tráfico a los coches más contaminantes

La complejidad ahora no radica tanto en el sistema que se vaya a utilizar para determinar quién accede y quién no y en qué condiciones lo hace, sino en las acciones complementarias que se establecen. En lo que se refiere al primer capítulo, Martínez defiende que «lo más lógico» es plantear lo que ya se hace en otras ciudades, y que la identificación se efectúe a través de lectores de matrículas o, en su defecto, mediante los distintivos ambientales que los vehículos tienen que llevar adheridos en la luna frontal.

Más alternativas. El meollo de la cuestión, comenta el edil responsable en esta materia, es la «progresiva implantación» de una serie de medidas que ahonden en la mejora de la movilidad sostenible de Cuenca, y es que «puesto que lo que se pretende es pacificar el tráfico, hay que buscar alternativas para poder llegar a todos los sitios». Todas estas medidas –argumenta– son «tangenciales y transversales entre sí», por lo que «una no va a funcionar si la otra no está implantada al cien por cien». Es lo que el concejal tilda como «pequeños pasos que juntos nos hacen llegar a la meta».

De esta forma, vislumbra en el horizonte, por ejemplo, la ubicación de nuevos aparcamientos disuasorios «para que la gente pueda desplazarse hasta esos puntos de forma peatonal»; un sistema multimodal para el transporte público «que nos tiene que dar nuevas y mejores capacidades» y para el que en este momento se trabaja en la redacción del pliego que debe dar como resultado un nuevo contrato; garantizar la seguridad de aquellos que se mueven en bicicleta a través de ciclocarriles y aparcabicicletas seguros; así como identificar los «nuevos recorridos» que se vayan a generar para los vehículos en otras calles de la ciudad –República Argentina, San Ignacio de Loyola o Hurtado de Mendoza, por ejemplo–, una vez que el centro gane en tránsito peatonal.

Pero para que todo esto fragüe como es debido y el barco llegue al puerto deseado, hay que tener en cuenta el calendario. Al menos si se quiere contar con la subvención ministerial. Entre las condiciones que establece el Gobierno para su concesión, se especifica que con el fin de cumplir los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los beneficiarios de las ayudas deberán certificar el inicio de los procesos de licitación de las actuaciones antes del 30 de abril de este año, así como la adjudicación de al menos el 60 por ciento del importe de los costes de las actuaciones antes de que concluya noviembre de 2022, y la finalización de los trabajos en el plazo establecido: el 31 de diciembre de 2024. Así será y habrá que andarse con cuidado porque el incumplimiento de estos hitos podrá conllevar la pérdida de la subvención o la obligación de devolverla en caso de haberla recibido.