No es fácil vivir en Venezuela, un país inmerso en una triple crisis -política, económica y social- y fuertemente polarizado, hasta el punto de que existen dos presidentes -uno elegido en unas elecciones cuestionadas y otro autoproclamado mandatario «legítimo» para liderar la transición y reconocido por buena parte de la comunidad internacional- y dos Parlamentos -la Asamblea Nacional, hasta hace unos meses encabezada por la oposición, ahora también bicéfala, con un presidente oficialista y otro antichavista-. Y el panorama no es alentador: el Gobierno de Nicolás Maduro anunció a principios de mes la convocatoria de elecciones legislativas para el 6 de diciembre y sus detractores no solo recelan de esa cita, sino que la rechazan, tildándola de «farsa».

Cada vez están más cercados por el oficialismo y los detractores de Maduro tienen menos opciones para optar a una cita electoral. No concurrieron a las presidenciales de 2018 como medida de protesta y el plante no les fue precisamente bien. Ahora, dos años después, tres de los cuatro grandes bloques opositores están inhabilitados y muchos de sus líderes están encarcelados o huidos de la Justicia.

De hecho, uno de cada cinco diputados antichavistas ha sido procesado en el último lustro, una cifra que no hace, precisamente, muy halagüeña la opción de postularse. 

Aunque la Constitución le otorga inmunidad desde el día en que son elegidos parlamentarios, la Justicia ha ido empleando diferentes mecanismos para apresar y anular políticamente a decenas de antichavistas.

Una larga lista

Quizás el más popular de los que han sido agraviados es Leopoldo López, quien en 2015 fue declarado culpable de incitación a la violencia en las violentas manifestaciones de 2014 y condenado a 13 años de cárcel, pero como él ha habido muchos. Actualmente, hay cinco diputados en prisión, aunque la lista de damnificados es larga.

Ahora, el más mediático es Juan Requesens, de 31 años. Es el legislador que más tiempo lleva en prisión, desde que fue detenido por los servicios de Inteligencia el 7 de agosto de 2018 sin orden de captura e incumpiendo su inmunidad parlamentaria, que fue levantada al día siguiente por el chavismo. Desde entonces, el joven, que lideró el movimiento estudiantil en Venezuela, ha sido el rostro de los considerados presos políticos en el país. Está acusado de formar parte del fallido atentado que sufrió Maduro el 4 de agosto de 2018 y el juicio en su contra empezó en noviembre de 2019, pero está suspendido por la pandemia.

Renzo Prieto y Gilber Caro, ambos diputados, han sido encarcelados, excarcelados y vueltos a encarcelar durante el Gobierno de Nicolás Maduro. El primero pasó cuatro años detenido hasta 2018 y volvió a prisión el 10 de marzo de este año. Tres días después, sus familiares perdieron la comunicación con él y desde entonces, por algunos intermediarios, se han enterado de que el legislador «está durmiendo en el suelo» de un calabozo caraqueño. Caro, en cambio, cumple su cuarta estancia entre rejas, aunque la primera vez fue por motivos ajenos a la política y antes de convertirse en diputado. Las otras tres aprehensiones se produjeron entre 2017 y 2019.

Antonio Geara e Ismael León -este último en arresto domiciliario- también acumulan meses privados de libertad pese a que la Constitución les confiere inmunidad. 

Mejor suerte corrieron exparlamentarios como Freddy Guevara o Julio Borges, o el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, implicados también en acusaciones golpistas que huyeron del país antes de ser detenidos y añadir sus nombres a una lista que hace temer a muchos intentar entrar en la vida política de un país cada vez más inestable.