Tomelloso, una de las localidades más castigadas por la pandemia, ha entrado en la fase 1 de la desescalada con temor, incertidumbre y mucho dolor. Es difícil encontrar en sus calles y plazas a un vecino que no haya perdido a un ser querido en los últimos meses. Según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el Registro Civil expidió 319 licencias de enterramiento entre marzo y abril, de las que 150 fueron a causa del coronavirus y 141 por «sospecha compatible con el COVID-19». Cifras trágicas, muy elevadas para una población de 36.000 habitantes, que han situado a la ciudad en el centro de un incómodo y agrio debate político y mediático que llegó incluso hasta el púlpito de las iglesias.
Detrás de los fríos números hay personas fallecidas y familias destrozadas. El dueño de una céntrica tienda de ropa se emociona al recordar que una clienta había perdido en apenas una semana a sus padres, dos tíos y dos primos hermanos. «Me he quedado sola en esta vida», le comentó totalmente abatida. Tampoco están siendo unos meses fáciles para Nicolás de la Rosa, pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia. Un hermano, una cuñada y dos sobrinos, que vivían en una casa contigua a la suya en la calle Los Olivos, fallecieron a causa del coronavirus.
Nicolás vive entre el duelo por estas pérdidas y el hartazgo por tener que desmentir una y otra vez que no tienen nada que ver con el famoso entierro de Haro (La Rioja) que el Gobierno de Castilla-La Mancha asocia al brutal brote de COVID-19 que ha padecido Tomelloso. «Siempre buscan un chivo expiatorio y en este caso les ha tocado a los gitanos», explica a las puertas de su casa, en presencia de su mujer. Asegura que nunca han viajado a la localidad riojana («no sabía ni dónde estaba») y que no se dedican a la venta ambulante. Concienciado por la crudeza del virus, el pastor cerró a cal y canto las puertas de la iglesia evangelista y a pesar de que Tomelloso se encuentra ya en fase 1, aún celebra los cultos a través de una aplicación móvil.
Hay que recordar que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, afirmó públicamente que una sola persona, un vendedor ambulante que viajó de Tomelloso a Haro, pudo contagiar a entre 30.000 y 50.000 personas en menos de 12 días. Unas declaraciones que pusieron en el punto de mira a la ciudad, calificada en algunos medios como la ‘Wuhan de La Mancha’, y que han generado malestar en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento, del mismo de color político. «Yo soy esclava de mis palabras solamente, no de las de otros», llegó a afirmar la alcaldesa, Inmaculada Jiménez, en un Pleno celebrado a principios de mayo.
Otro de los puntos negros de la crisis sanitaria en la ciudad se encuentra, paradójicamente, en la calle Esperanza. Allí se levanta un residencial de la Fundación Elder, un centro privado de mayores en el que el virus se propagó de forma descontrolada desde que se detectó el primer caso el 9 de marzo. Cinco días más tarde, cuando entró en vigor el estado de alarma, la Dirección General de Salud Pública informó de que ya había cuatro fallecidos. La Administración regional, que asumió la gestión en mitad de un cruce de acusaciones con la dirección de la residencia, eleva a 40 el número de decesos por coronavirus confirmados desde el inicio de la pandemia. Dos ancianos descansaban el viernes a mediodía en el jardín de este centro sociosanitario, uno de los que está siendo investigado por la Fiscalía de Castilla-La Mancha para intentar aclarar las causas de la gravedad de los hechos ocurridos.
más recursos. La pandemia ha dejado al descubierto la fragilidad de la estructura sanitaria de muchos países y comunidades autónomas. En Tomelloso, las demandas en materia de sanidad se retrotraen a mucho tiempo antes de que estallara esta crisis, a una época en la que incluso se produjo un amago de venta del hospital por parte del Gobierno de María Dolores Cospedal. Estas reivindicaciones son ahora más sonoras y se han recogido en una moción institucional dirigida a la Junta de Comunidades. Aprobada hace unos días por unanimidad de todos los grupos políticos, insta al Ejecutivo autonómico a instalar la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con todos los medios óptimos para su correcto funcionamiento y la reformulación y cumplimiento del Plan Funcional, además de un incremento de medios materiales y humanos.
Pablo Mezcua, presidente del Consejo de Salud de Tomelloso, considera que el hospital, que atiende también a los habitantes de Socuéllamos, Pedro Muñoz y Argamasilla de Alba, una población superior a los 60.000 habitantes, debería contar con una Unidad de Cuidados Intensivos. Subraya, no obstante, que tienen que ser los técnicos, con un informe bien justificado, los que determinen si es necesaria o no su instalación. «Hay quien argumenta que una UCI con poca actividad sirve de poco, que es como tener un piloto y que corra cada tres años», apostilla.
Poco después de decretarse el estado de alarma, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) optimizó al máximo los recursos del hospital y habilitó 90 nuevas camas para hacer frente a los ingresos por COVID-19. Al igual que otros centros del país, el de Tomelloso estuvo al borde del colapso. Hoy, afortunadamente, apenas hay una docena de pacientes hospitalizados. En este punto, Mezcua resalta la impagable labor de los profesionales sanitarios, héroes sin capa en esta interminable tragedia.