La PAC es la mayor partida del presupuesto comunitario con una dotación de 380.000 millones de euros para el periodo 2023-2027. De esa cantidad, a España le corresponden unos 37.000 millones en pagos directos para los agricultores y ganaderos y casi 8.000 millones para desarrollo rural durante los siete años.
«Es la mayor reforma de la PAC desde los 90. Teníamos la ambición de lograr una agricultura más sostenible, justa, inclusiva y que nos proporcione autonomía estratégica y lo hemos logrado», declaraba la ministra de Agricultura de Portugal, Maria do Céu Antunes, cuyo país preside la UE este semestre y ha sido el encargado de representar a los 27 en las negociaciones con el Parlamento Europeo. «Podríamos decir que este acuerdo coincide con los intereses de España y también con los de la Unión Europea. Calificamos el acuerdo de bueno y lo vamos a apoyar», dijo Planas antes del Consejo de Agricultura que se celebró el lunes en Luxemburgo para dar el visto bueno definitivo al pacto. El jefe del equipo negociador del Parlamento Europeo, el eurodiputado alemán Norbert Lins, sostenía que «la PAC será más justa, más sostenible y buena para los productores. Asegura que el campo sea atractivo y da a los agricultores y ganaderos incentivos para hacer más para proteger el medio ambiente».
En general, la sensación ha sido de satisfacción entre las instituciones europeas y los ministros de Agricultura de la UE. Al fin se ha llegado a un acuerdo que se ha hecho de rogar tres años y ha obligado a prorrogar la anterior PAC dos años sobre su duración prevista. Las mayores novedades son los ecoesquemas y la necesidad de que cada país elabore su propio Plan Estratégico para poder acceder a las ayudas.
Sin embargo, a pesar de la aparente euforia oficial, el sector español ha recibido los términos de este acuerdo de manera desigual. La pega principal han sido los polémicos ecoesquemas y la reducción en la rentabilidad que esta y otras medidas van a provocar. Buena parte de los afectados interpretan estos ecoesquemas como una figura para detraer fondos (concretamente un 25%) que deberían ir a ayudas directas, de manera que si el profesional quiere optar a ellas tendrá probablemente que acometer inversiones que no le van a reportar beneficios y mermarán la rentabilidad de su explotación.
El secretario general de la organización agraria COAG, Miguel Blanco, ha declarado que la reforma de la Política Agrícola Común pactada por las instituciones de la Unión Europea (UE) es «injusta» y «dará la puntilla» al modelo social y profesional de agricultura. «Ni es justa ni social» para los profesionales del campo e incluye «galimatías» y definiciones «sin sentido» como la que afecta al concepto de «agricultor activo». Aún así, Blanco ha valorado positivamente que, a pesar de las partes negativas, había que dar una salida «ya» a la negociación, pues el sector agrario estaba pendiente del acuerdo para acometer nuevas inversiones. Por lo que se refiere a los ecoesquemas, considera que detraer una parte de las ayudas para destinarlas a pagos complementarios por servicios al medioambiente es «un recorte en toda regla». «Para recuperar ese 25% el agricultor tendrá que afrontar nuevos gastos que el mercado no remunera, con la consiguiente caída de rentas».
Respecto a este asunto, Unión de Uniones va en la misma línea y cree que, tal y como está planteado el acuerdo, con los nuevos topes del 25% para ecoesquemas y el 35% del primer pilar a fines ambientales, se refuerza mucho más de lo que se debería la ambición verde de la PAC, lo que supone mayores exigencias para los agricultores y ganaderos y, por lo tanto, costes de producción más altos. La organización recuerda que la PAC ya era, antes del acuerdo, la política europea que más contribución presupuestaria hace al objetivo climático.
Por su parte, ASAJA en Castilla y León considera que ya hay suficientes indicios de que la PAC que llega no será mejor que la que queda atrás. El resumen principal es que «con números rojos, la agricultura no puede ser verde». Europa trata de hacer una política agraria «de postureo, contentando a sectores hoy muy influyentes como el lobby ecologista, pero muchas veces pasando por alto la lógica productiva e incluso los datos científicos». La misma organización en Castilla-La Mancha insiste en que estos ecoesquemas han de llevarse a cabo de manera que los agricultores y ganaderos puedan cumplirlos para poder llegar a percibir ese 25% de las ayudas. De lo contrario, cientos de explotaciones no podrán subsistir. No obstante, ha valorado la flexibilidad que se concede a los Estados para que los fondos destinados a este fin que no sean utilizados en un año concreto no se pierdan y puedan ser trasladados a otras medidas durante los primeros años.
Sin embargo la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX) ha valorado «positivamente» el acuerdo alcanzado para la futura Política Agraria Común, abriéndose ahora un periodo «determinante» para el sector hortofrutícola, dada la amplia competencia concedida a cada país. Para FEPEX se abre un nuevo horizonte, ya que el sector de las frutas y hortalizas y de flores y plantas vivas podrá optar a una ayudas directas que hasta ahora habían estado vetadas para la mayor parte de los productores. Desde la patronal han precisado que son claves, por un lado, el acceso de la generalidad de los profesionales a las ayudas directas, lo que les permitirá acceder a los ecoesquemas; por otro lado, el contenido del Plan Estratégico Nacional, que incluirá las acciones que podrán desarrollarse en el marco de los programas operativos de las organizaciones de producciones.
UPA, por su parte, se ha mostrado «esperanzada». Sobre los ecoesquemas tienen una visión diferente a COAG o ASAJA y la organización cree que, tal y como están planteados, deben servir para reforzar a los agricultores y ganaderos familiares frente a modelos superintensivos y de gran dimensión. Además han valorado positivamente que se incluya una mayor ayuda para los agricultores jóvenes, así como que una parte del presupuesto, como mínimo el 10%, sea para ayudas redistributivas que «irán a parar principalmente a pequeños agricultores y a la agricultura y ganadería familiar».
Los mercados.
Tampoco contemplan igual el problema de la regulación del mercado. Mientras que UPA cree que la nueva PAC reforzará las medidas de gestión de mercados, Unión de Uniones señala que en la que aún está vigente los mecanismos de regulación del mercado han funcionado de manera muy deficiente y que no han dado respuesta eficaz a las graves crisis que han sufrido, y aún sufren, muchos sectores. Y añaden que «en esto no se ha hecho ninguna reforma en profundidad, con lo que seguiremos tan indefensos como hasta ahora ante la volatilidad de los precios agrícolas».
En este punto en COAG tampoco han quedado muy contentos y señalan que el texto aprobado no responde las verdaderas necesidades del modelo social y profesional agrario, mayoritario en Europa, al abandonar aún más los mecanismos de regulación de mercado. Ello, añaden, agravará el impacto de la inestabilidad de los precios y la espiral alcista de los costes en las rentas de las pequeñas y medianas explotaciones. «El cierre de explotaciones es un hecho. Un 7% de macroempresas agrarias acapara ya la mitad del valor productivo, según datos de Agricultura en 2020. Y esta nueva PAC acelerará el inquietante proceso de concentración de la producción. Nos jugamos dejar en manos de un puñado de multinacionales y fondos de inversión la soberanía alimentaria de Europa», ha apuntado el secretario general de la organización, Miguel Blanco.
Otro punto caliente para las organizaciones agrarias es la reciprocidad en las exigencias para las importaciones. Temen que, a pesar de tener la normativa de seguridad alimentaria más estricta del mundo, se siga sin exigir los mismos requisitos a los productos que llegan de fuera, poniendo en desventaja a los profesionales locales. ASAJA cree que hay que acertar con la elaboración del Plan Estratégico Nacional para cuidar al sector español, con clara vocación exportadora. «No pueden dejar que se convierta en un jardín subvencionado y sin rentabilidad y que al final tengamos que depender aún más de importaciones, a las que por cierto no exigen reciprocidad en las normas de producción».
En lo mismo insisten desde COAG: «Se demuestra una vez más la hipocresía e incoherencia de los máximos mandatarios europeos, ya que en las nuevas reglas del juego no se han aprobado exigencias equivalentes para las importaciones de terceros países. La UE legitima de esta manera la competencia desleal y el fraude al consumidor que supone esta grave injusticia. Resulta lamentable que ni siquiera se hayan introducido medidas de equivalencia en los Límites Máximos de Residuos (LMR) de fitosanitarios para los productos agrícolas que vienen de terceros países», ha criticado Miguel Blanco.
Esta misma organización observa con perplejidad el «galimatías sin sentido» en torno a la definición de «agricultor genuino», que finalmente se aleja del agricultor profesional, que no tendrá prioridad a la hora de acceder a las ayudas redistributivas de la PAC. Se consolidaría un trasvase de ayudas del verdadero profesional, que trabaja directamente en su explotación, a aquellos falsos activos y absentistas que viven fundamentalmente de otras actividades no agrarias, afirman. Y añaden que consideran demasiado elevado el tope máximo de ayudas por explotación (100.000 euros). «Es un nuevo intento fallido para realizar una redistribución de las ayudas más justa. Un tope por encima de los 60.000 euros no tiene efectos a nivel práctico», ha afirmado su secretario general.
Respecto a la cuestión de las ayudas, Unión de Uniones estima que se confirmará para España una reducción de entre el 1,9% (2021) y el 1,16% (2027) de las ayudas directas, lo que significará un recorte directo de unos 523 millones de euros entre 2021 y 2027, así como, adicionalmente, la reducción del 1,85% de estas ayudas para alimentar la reserva de crisis, la que ya no devolverá los fondos cuando no se utilicen (90 millones de euros anuales de 2023 a 2027). A este respecto, Planas ha puntualizado que para financiar esta reserva de crisis «se utilizarán de manera preferente los márgenes presupuestarios no utilizados» y no se cargará toda su dotación «sobre la espalda de agricultores y ganaderos».
Y es que el titular de Agricultura, a pesar del relativo descontento de partes del sector, ha querido ver la parte positiva y resaltar los objetivos que, a su juicio, sí se han cumplido. Entre ellos ha destacado el financiero, con más de 47.000 millones para los próximos siete años, el «equilibrio» conseguido entre la rentabilidad económica de los productores y la ambición ambiental, la «flexibilidad y subsidiariedad» en la toma de decisiones y el «alineamiento» con el Pacto Verde Europeo. En relación al reglamento sobre planes estratégicos, el español ha subrayado el hecho de que el 60% de las ayudas directas se destinen a pagos de ayuda a la renta, así como que se haya introducido un margen de flexibilidad durante los dos primeros años si no se consigue llegar al mínimo del 25% de gasto en ecoesquemas. Con respecto a la convergencia interna, un aspecto que «preocupaba mucho» a las comunidades autónomas, Planas ha destacado que se queda fijado en un 85%, un punto intermedio entre el 75% que pedían los gobiernos y el 100% que solicitaba la Eurocámara.