El juicio oral contra siete ex concejales del Ayuntamiento de Tarancón, entre los que se encuentra el ex alcalde Raúl Amores Pérez, por un presunto delito contra la Hacienda Pública a través de la empresa municipal Tainsa (liquidada por concurso de acreedores en 2019 tras un proceso que comenzó en marzo del año 2013) ha quedado hoy aplazado sin fecha en el Juzgado de lo Penal número dos de Cuenca.

La vista oral, que ha comenzado con 45 minutos de retraso, ha sido suspendida después de las consideraciones previas formuladas por algunas de las partes personadas en el caso, quedando establecido un periodo de 10 días para presentar alegaciones. Por un lado, se ha expuesto que la administradora concursal de Tainsa, encausada como responsable civil y directo solidario, ya cesó, dado que la empresa pública está ya extinguida, y que no procede la imputación de los siete acusados en el juicio. Asimismo, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han pedido la suspensión del juicio para que se incluyera la declaración de uno de los inspectores que elaboró el informe sobre la deuda, y que estaba liberado de declarar. 

Los acusados fueron nombrados para la sociedad municipal Tainsa (Tarancón Industrial, S.A.) por ser concejales de los tres grupos políticos que componían el Pleno del Consistorio taranconero durante la legislatura 2007 al 2011, y todos ellos eran miembros del Consejo de Administración de Tainsa. 

La Fiscalía pide para cada uno de los encausados una pena de prisión de tres años, con la consiguiente inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y una multa de más de 1,7 millones de euros por la consiguiente responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del artículo 53 del Código Penal. Además de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cinco años.   Desde el inicio del procedimiento judicial, en 2013, están acusados Raúl Amores, ex alcalde del PSOE, como presidente de Tainsa durante el 2009, cuando se desarrolló la urbanización del polígono industrial Senda de los Pastores; Carolina Rey, ex concejal de Izquierda Unida y actual edil de Unidas Podemos, como secretaria de la mercantil desde el 31 de julio de 2007 hasta el 31 de julio de 2009, fecha en la que entró la también acusada Lourdes Luna, actual delegada provincial de Igualdad; y también Johana Rodríguez y Luis Daniel López, ex concejales del PSOE consejeros delegados de esta empresa pública municipal del 31 de julio de 2009 hasta el año 2011. Y posteriormente, en 2015, se amplió la lista de procesados con los ex ediles del Partido Popular, Raúl Martínez y Juan García, a pesar de que ambos renunciaron el 31 de julio de 2009 al cargo como consejeros delegados de Tainsa que ostentaban desde el 31 de julio de 2007 . 

La Fiscalía sostiene que Tainsa hizo una redistribución incorrecta de las cargas y que adeuda a la Hacienda Pública la cantidad total de 893.262,62 euros del IVA devengado, pero no declarado a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en concepto de dicho impuesto, correspondiente a la urbanización de unos terrenos del Ayuntamiento de Tarancón en el polígono Senda de los Pastores. 

El informe provisional recoge que Tainsa, estando conformes los miembros del Consejo de Administración, con ánimo defraudatorio y estando obligado a la declaración del IVA, dado que llevaba la gestión directa del desarrollo urbanístico del citado polígono, realizó una incorrecta equidistribución de cargas. 

El convenio urbanístico para desarrollar el Senda de los Pastores, a través de un PAU a realizar por el Ayuntamiento por medio de Tainsa, se firmó en agosto de 2004 entre Quinarius Castilla, S.L., Incarlopsa y el Consistorio taranconero. 

La extinta mercantil Tarancón Industrial S.A. entró en concurso voluntario de acreedores en el año 2014 con una deuda que se cifró en 15 millones de euros. Su situación económica obligó al Ayuntamiento de Tarancón a trabajar con presupuestos prorrogados en el periodo entre 2013 y 2020. Por lo que los hechos que ahora se juzgan en este caso se remontan a 13 años atrás.

«Deseo que salgan absueltos y sin cargos»

El actual alcalde de Tarancón, el socialista José Manuel López Carrizo, ha lamentado hoy que «la justicia vaya tan lenta» y que los procesados «tengan sus bienes embargados tantos años». Coincidiendo con la primera sesión del juicio oral, ha resaltado que «Tainsa está totalmente liquidada, el Ayuntamiento no tiene ya ninguna responsabilidad sobre eso». 

El primer edil taranconero ha dejado claro que respeta el procedimiento judicial, pero que piensa «y estoy seguro, espero y deseo, que salgan absueltos y sin cargos los siete ex concejales de los distintos partidos políticos». Asimismo, ha remarcado que le duele que «un concejal o una concejal que entra a un Ayuntamiento con la mejor de las intenciones a trabajar por y para su pueblo, en muchos casos sin ninguna retribución, se vea involucrado en un juicio de este tipo». En este sentido, ha añadido que «me consta que les está costando muchos disgustos familiares, son muchos años con los bienes embargados» por este caso Tainsa.