Pedro Sánchez acumula errores mayúsculos, aunque su punto más débil, el que ha provocado que los sondeos recojan la brutal caída del voto socialista es, fundamentalmente, su falta de credibilidad. 

Ha formado coalición con quien aseguró que jamás pactaría, ha buscado socios parlamentarios en algún caso indeseable, ha llegado a un acuerdo con Marruecos que acababa con la delicada política de equilibrio que mantenía España con ese país y, además, ha provocado tensiones con Argelia que, como se preveía, no tardó en reaccionar azuzando contra España a los saharauis y el Frente Polisario. Por no mencionar que Argelia tiene a los españoles permanentemente en vilo porque aunque está obligada a cumplir su contrato de suministro de gas, puede modificar los precios.

Fiasco fue también la negociación sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y, aunque Moncloa culpó al PP de la falta de acuerdo, también el Gobierno ha tenido responsabilidad en el hecho de que el Consejo haya estado casi cuatro años en funciones por su empecinamiento en poner sobre la mesa determinados nombres a sabiendas de que el PP nunca los aceptaría; y negándose también a estudiar la posibilidad de cambiar en algún momento el proceso de nombramiento de los miembros del CGPJ, a lo que también le empujaba la propia Comisión Europea. 

Presos de ETA

Fue fiasco la cesión al Ejecutivo vasco de la política penitenciaria que ha supuesto el acercamiento de la práctica totalidad de los presos de ETA y promovido la aceleración de terceros grados y excarcelación a varios de esos condenados; y fiasco el indulto a los condenados por el procés catalán, o que el Gobierno no avalara la decisión de los tribunales de exigir que los niños catalanes tenían derecho a recibir el 25 por ciento de las clases en castellano. Como fue un fiasco, una tragedia, la respuesta al asalto de la valla de Melilla por parte de unos 2.000 subsaharianos que trataban de entrar ilegalmente en nuestro país. Se produjo una auténtica masacre, con un gran número de muertos -algunas ONG apuntan que fueron alrededor de 70- y centenares de heridos. Nadie del Gobierno español asumió responsabilidades.

La lista de fracasos es larga, todos ellos provocados por la actitud de Pedro Sánchez de acceder a las exigencias de sus socios. Pero ninguna de esas pretensiones ha tenido el alcance político, y las consecuencias sociales, de la Ley Orgánica de Libertad Sexual, la llamada Ley del solo sí es sí. Una apuesta disparatada de Irene Montero, que se aprobó a pesar de los informes de entidades profesionales que daban la voz de alarma sobre sus consecuencias e, incluso, sobre su inconstitucionalidad. Voces de alarma a las que se sumaron miembros destacados del PSOE, sobre todo mujeres de larga trayectoria feminista. 

Se unieron también algunos miembros del Ejecutivo, aunque fueron pocos a pesar de que hay tres jueces en el Gobierno. Sin embargo, cuando se promovió la ley, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo fue contundente en su oposición, lo que le valió acusaciones de machismo por parte de miembros de Podemos. Sánchez no le mantuvo en su cargo en la remodelación que hizo meses más tarde, y hubo quien especuló con que su salida del Gabinete estaba directamente relacionada con las tensiones que mantenía con Montero por esta iniciativa. 

Graves acusaciones

Campo es hombre discreto, pero ahora podría decir que si le hubieran hecho caso no sufriría el Gobierno la polémica actual, con una lluvia de declaraciones de profesionales, y sobre todo de víctimas, que acusan a la ministra de Igualdad de ser la responsable directa de que docenas de condenados por violación y abusos sexuales puedan ver reducidas sus penas de prisión o salir a la calle. Algunos ya lo han conseguido y habrá un goteo incesante en los próximos meses, porque la mayoría de los abogados defensores de esos sentenciados ya han anunciado que recurrirán a los resquicios que deja sin cubrir esa ley para conseguir así los beneficios que se le abren a sus clientes. 

Desde Podemos se transmite que la titular de Igualdad no tiene la menor intención de dimitir, que es víctima de una campaña de acoso. Arremeten contra los medios de comunicación e, incluyen entre ellos, a algunos que Podemos siempre había considerado afines y que estos dos últimos días han recibido notificaciones de baja de suscripciones de miembros destacados de este grupo. Se trata de un partido que ha utilizado siempre la estrategia de sostenella y no enmendalla, más aún cuando afecta a la más importante de sus ministras, más que la secretaria general, Ione Belarra. 

Es clamoroso el silencio de Yolanda Díaz, cada vez más alejada de aquel camino que le había marcado Pablo Iglesias, la candidatura de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno.

Díaz agranda la distancia que la separa de los morados y, sobre todo, de los ministros designados por Iglesias, a los que en virtud del pacto de coalición Pedro Sánchez no puede tocar (Díaz, Montero, Belarra, Garzón y Subirats). 

El presidente se encuentra en una situación por tanto muy delicada, porque no le interesa la ruptura de la vicepresidenta segunda con Podemos, ya que es indispensable para Sánchez que los comunistas mantengan un número importante de escaños en las próximas elecciones para garantizarle así su supervivencia como presidente de Ejecutivo, aunque tiene asumido que, meses o semanas antes de que se convoquen esas elecciones se romperá la coalición. 

Le cabría la alternativa de que Yolanda Díaz tuviera éxito con su plataforma Sumar y se presentara a las elecciones logrando votos de decepcionados con Podemos. Es lo que busca la vicepresidenta desde que puso en marcha su proyecto pero, hasta ahora, no se cumplen las expectativas que se habían puesto en Sumar, aunque en el año que falta hasta que se celebren las elecciones generales podrían cambiar las tornas, especialmente, porque la imagen de Unidas Podemos hace tiempo que sufre una evidente devaluación. Y surge ahora la polémica en torno a la ley sobre libertad social, acompañada de la irritante reacción de sus promotoras -Irene Montero y su equipo de feministas tan poco convincentes para el feminismo tradicional-, lo que no ayuda a mantener el voto o recuperar el ya perdido.

Hay un aspecto a tener en cuenta en esta peripecia política que ha provocado la ley Montero. En su momento, cuando se aprobó la norma en el Congreso, tuvo el apoyo de todos los grupos políticos excepto del PP y de Vox, lo que causó sorpresa entre aquellos que consideraban que era una ley plagada de demagogia y falta de sentido común, una ley imposible de asumir como advertían los profesionales jurídicos. 

Estos días, a raíz de la polémica, Ciudadanos, PNV, ERC y Bildu, piden que se introduzcan modificaciones en la ley, que se rectifiquen los aspectos más polémicos. Una prueba más de la capacidad del Gobierno para generar fiascos y llevar a sus socios a caer en su mismo hoyo.