P ara cada uno de los siete ex concejales y concejales del Ayuntamiento de Tarancón acusados por un delito contra la Hacienda Pública a través de la extinta empresa municipal Tainsa (Tarancón Industrial, S.A.) la Fiscalía pide una pena de prisión de tres años de cárcel y  una multa de más de 1,7 millones de euros. Lejos de lo que pudiera parecer con estas medidas cautelares, no se está cuestionando que se hayan llevado dinero, sino que como miembros del Consejo de Administración de Tainsa (entre 2007 y 2011) se les pide que respondan a un presunto delito fiscal.

Entre tanto, desde 2013 que tienen sus bienes embargados, sus viviendas, sus salarios y ahorros, están sufriendo además del desprestigio social,   innumerables proble- mas. Llevan ocho años sometidos a «la pena del banquillo, muchos rozan ya el umbral de la pobreza, con proyectos truncados, con la imposibilidad de costear los estudios de sus hijos y un sinfín de dramas más, a parte de la lesión social causada en base a una imputación infundada, que fue construida sobre hechos manifiestamente falsos», afirma Gonzalo Domínguez, abogado de uno de los acusados, el ex alcalde socialista, Raúl Amores.

El juicio oral de este procedimiento penal, que lleva tramitándose desde 2013, empezó el pasado 5 mayo, pero en la primera sesión se suspendió, quedando aplazado sin fecha. Domínguez, que a los dos días presentó un escrito solicitando la reanudación inmediata, aportó la documentación que acredita que «se trata de una causa manifiestamente injusta». 

Gonzalo Domínguez, abogado del ex alcalde Raúl Amores, en su despacho. - Foto: R.L.C.La Fiscalía sostiene que Tainsa hizo una redistribución incorrecta de las cargas y que adeuda a la Hacienda Pública la cantidad total de 893.262,62 euros del IVA devengado, pero no declararlo a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en concepto de dicho impuesto, correspondiente a la urbanización de unos terrenos del Ayuntamiento de Tarancón en el polígono Senda de los Pastores que se estima debieron facturarse a la mercantil Quinarius. «La distribución de los costes de urbanización emana de un acto de una administración pública, no recurrido ni promovido revisión de oficio, los acusados no tienen postestad y Tainsa facturó lo que se aprobó en el PAU (Programa de Actuación Urbanizadora), ratificado por la Comisión Provincial de Urbanismo, que se tenía que facturar a Quinarius», expone Domínguez, que además pone sobre la mesa que en 2017 ya el Juzgado de Instrucción número uno de Tarancón acordó el archivo y sobreseimiento de la causa por no considerar el reparto de los gastos de urbanización relativos al citado polígono entre Tainsa y Quinarius constitutivos de delito. 

El abogado de Raúl Amores, desde cuyo despacho también se lleva la defensa de otra de las acusadas, Carolina Rey,  insiste en que «Tainsa facturó lo que debía facturar según las normas vigentes del planeamiento urbanístico, no podía contravenirlas» y que Quinarius es la que aportó el cien por cien del suelo edificable «con cargo al cual se obtuvo la financiación para ejecutar las obras, Tainsa carecía de otros recursos y el Ayuntamiento no aportó ni un solo euro, resultando sí beneficiario de miles de metros cuadrados de suelo destinado a equipamientos, así como de importantes sumas de dinero por la monetización de determinados aprovechamientos urbanísticos». 

A que no es un delito, este abogado añade que además estaría prescrito (pues los gastos totales de urbanización se devengan y facturan a Auxiliar de Congeneración, S.L. (absorbente de Quinarius) el 29 de noviembre de 2006.

Aunque no todas las defensas lo comparten, para Gonzalo Domínguez es un «sacrilegio» la suspensión del juicio atendiendo a un plazo de 10 días para alegar algunas de las cuestiones planteadas. 

La administradora concursal de Tainsa reiteró al inicio de las sesiones del juicio oral que se la apartara del procedimiento (algo que fue denegado expresamente por Providencia el 23 de noviembre de 2021) y que sea el Ayuntamiento de Tarancón quien entre en este proceso judicial penal. «Es imposible pretender ahora reordenar todo el proceso, el Consistorio es un ente público por completo ajeno a la causa y respecto del que no puede aventurarse ningún tipo de responsabilidad», argumenta el mencionado letrado, que aclara como la personalidad jurídica de Tainsa y su capacidad procesal subsiste al margen de la conclusión del concurso.

 Tarancón Industrial S.A. entró en concurso voluntario de acreedores en el año 2014 con una deuda que se cifró en 15 millones de euros. Su situación económica obligó al Ayuntamiento taranconero a trabajar con presupuestos prorrogados en el periodo entre 2013 y 2020 hasta su liquidación. Los hechos que ahora se juzgan se remontan a 13 años atrás.

«Es imposible que la sentencia sea condenatoria»

El abogado de Raúl Amores sostiene que desde un planteamiento técnico-jurídico, el juicio es «ganable cien por cien, no hay modo alguno de construir una sentencia condenatoria». En este sentido, concreta que los gastos de urbanización del Senda de los Pastores cuestionados «no se han distribuido en base a un aprovechamiento urbanístico subjetivo, sino a la ley, como certifican los documentos que hemos presentado, y no pueden imputar la autoría a quien no tiene facultades para hacerlo». Gonzalo Domínguez, que también fue el abogado de Tainsa en el proceso de liquidación de la empresa municipal, sostiene que, a pesar de que su defensa (que ha asumido cuando la instrucción ya estaba realizada) ha incomodado a alguna de las partes, «estoy haciendo algo ético y justo, que dignifica la Abogacía». En cuanto a Tainsa resume que «no tenía dinero ni fincas, Quinarius cede dos, Tainsa las hipoteca y financia las obras de urbanización del polígono junto con Incarlopsa. Su liquidación llega porque vino la crisis y no fue capaz de vender todas las fincas, no por una mala distribución de cargas». 

Los implicados, de tres partidos políticos distintos

Desde el inicio del procedimiento judicial, en 2013, están acusados Raúl Amores, ex alcalde del PSOE (que no tiene otras causas pendientes), como presidente de Tainsa en 2009, cuando se desarrolló la urbanización del polígono Senda de los Pastores; Carolina Rey, ex edil de Izquierda Unida y actual concejal de Unidas Podemos, como secretaria de la mercantil desde el 31 de julio de 2007 hasta el 31 de julio de 2009, fecha en la que entró la también acusada Lourdes Luna, actual delegada provincial de Igualdad; y también Johana Rodríguez y Luis Daniel López, ex concejales del PSOE consejeros delegados de esta empresa pública municipal del 31 de julio de 2009 hasta 2011. Posteriormente, en 2015, se amplió la lista de procesados con los ex ediles del Partido Popular, Raúl Martínez y Juan García, a pesar de que ambos renunciaron el 31 de julio de 2009 al cargo como consejeros de Tainsa. 

Políticos y ex políticos de tres partidos diferentes que llevan años esperando se resuelva  una causa, que según el prestigioso abogado taranconero Gonzalo Domínguez, «no tendría ni que haberse abierto, pues según el informe que emiten los inspectores de Hacienda el devengo era del año 2009, cuando con la documentación aportada en el juicio se demuestra que es de 2006 y que el proceso está injustificado».