El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, cuyo objetivo es reducir la cantidad de alimentos que van a la basura sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento de estos, con medidas que incluyen la obligación de la hostelería de ofrecer a sus clientes las sobras de la comida sin coste adicional y en envases reciclables bajo sanción de 2.000 euros. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha destacado que se trata de un instrumento jurídico pionero para «regular y concienciar» y para prevenir una «ineficiencia en la cadena alimentaria» que tiene consecuencias económicas, ambientales y sociales. Y ha añadido que la intención del Gobierno es que la ley entre en vigor el 1 de enero de 2023 si los trámites y plazos en el Congreso y en el Senado lo permiten.

Según el ministro, solo Francia e Italia disponen de una regulación semejante en la UE y ha destacado que uno de los objetivos de la norma es concienciar, porque el 40% de la pérdida se produce en las tiendas y en los hogares y otro 20% en la cadena alimentaria, por lo que, en gran medida, está en la mano de los ciudadanos de a pie reducir estas cifras. Además, ha precisado Planas, la necesidad de esta norma se acentúa en un contexto en el que se habla de la «posibilidad de una crisis alimentaria» y de la necesidad de producción de alimentos en el mundo. «En el mundo existe hambre y malnutrición y este tema golpea la conciencia de todos», ha reflexionado.

El texto incluye medidas para evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo, ya que todos los eslabones (se libran los comercios con menos de 1.300 metros cuadrados) deberán contar con un plan de prevención que incluya un autodiagnóstico desde el que adoptar medidas para minimizar el desperdicio, que en 2020 alcanzó los 1.300 millones de kilos de alimento solamente en los hogares, lo que equivale a una media de 31 kilos por persona. El anteproyecto se ha sometido al trámite de audiencia pública y se han realizado cuatro foros participativos dedicados a consumidores y ONGs, distribución y canal HORECA, industria y sector primario.

Para donar excedentes de alimentos, los agentes de la cadena deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. En estos acuerdos se deberán recoger de forma expresa las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, entre otras cuestiones. Las entidades de iniciativa social que sean receptoras de donaciones deberán garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los alimentos recibidos y entregados. Sólo podrán destinar estos productos a la donación, sin que en ningún caso puedan comercializarlos, y deberán realizarla sin ningún tipo de discriminación entre los beneficiarios.

Por otro lado, el proyecto de ley contempla la transformación de alimentos no vendidos pero que estén en condiciones óptimas en otros como zumos o mermeladas; y en el caso de los que ya no sean aptos para consumo humano, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos, el uso como subproductos en otra industria y la obtención de compost o biocombustibles.

El ministro asegura que los consumidores tendrán «derecho» a disponer de forma gratuita en bares y restaurantes de las sobras que no hayan comido para llevárselas a casa sin coste adicional alguno, excepto en los establecimientos de bufé libre, y para ello estos deberán disponer de envases aptos para el uso alimentario que sean reutilizables o fácilmente reciclables. El fin, según Planas, es que lo no consumido «no acabe en la basura, que eso es una pérdida inaceptable». Otra de las medidas pasa por que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta para productos «feos, imperfectos o poco estéticos» (algo que ya ocurre en muchas cadenas de supermercados hace tiempo).

En cuanto al régimen sancionador de la futura norma, se considerará falta grave no contar con un plan de prevención que estará sancionado con entre 2.001 y 60.000 euros. Una infracción leve, que estará sancionada con multas de hasta 2.000 euros, será, por ejemplo, no aplicar la jerarquía de prioridades o que las empresas de distribución al por menor y la hostelería y restauración no donen los productos no vendidos que sean aptos para el consumo humano a través de un pacto o convenio. Otra infracción leve puede ser la negativa a colaborar con las administraciones para cuantificar los residuos de alimentos que se producen.

Finalmente, las infracciones muy graves (por comisión de una grave más de una vez) podrán ser sancionadas con entre 60.001 y 500.000 euros de multa.

El gran consumo.

La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), que agrupa a más de 32.000 empresas en España, ha asegurado que comparte «el espíritu general» y «el objetivo» del texto. La patronal del gran consumo ha recordado que prevenir el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena agroalimentaria y dar una segunda vida a los excedentes alimentarios es una «prioridad» para frenar un problema de claro impacto económico, social y medioambiental, así como para «evitar malgastar» los recursos naturales y el esfuerzo de todos los trabajadores de la cadena agroalimentaria. De hecho, AECOC ha liderado desde 2012 el proyecto 'La Alimentación no tiene desperdicio', una iniciativa de adhesión voluntaria de la que ya participan más de 700 empresas y que arroja resultados positivos.

La asociación ha recordado que, gracias a la adopción de planes de prevención y medidas correctoras en línea con las propuestas en el Proyecto de Ley, la gran distribución ha conseguido reducir de un 1,78% a un 0,9% el porcentaje de producto no aprovechado sobre el total comercializado.