Indulto. Gracia por la cual se remite total o parcialmente o se conmuta una pena. Es la palabra de moda. La que en más ocasiones aparece en las últimas ediciones de cualquier periódico, la que más veces se articula en las tertulias de radio y televisión y la que más se esgrime en las acaloradas discusiones de cualquier barra de bar. Está en boca de todos. Y es así por el debate que genera en el ámbito político y social el posible perdón a los políticos catalanes condenados por el procés.

Más allá del ruido mediático al hilo de la más rabiosa actualidad, hay que tener en cuenta que esta medida de gracia ha sido aplicada hasta en 32 ocasiones a personas juzgadas y condenadas en la provincia de Cuenca durante los últimos 25 años. De esta forma, amparados en una ley decimonónica, los diferentes ejecutivos, tanto populares como socialistas, han puesto de patitas en la calle o han recortado penas a cambio de abonar multas o de realizar servicios a la comunidad. La gran mayoría de estos indultos, un 78 por ciento, llegaron bajo gobiernos del Partido Popular. Dos de los ministros de Justicia de la era Aznar, Margarita Mariscal de Gante y Ángel Acebes, firmaron una docena cada uno de ellos. Uno más hay que apuntar a Alberto Ruiz-Gallardón, bajo la batuta de Mariano Rajoy.

En la bancada frontalmente opuesta, los siete ‘perdones’ concedidos se espacian más en el tiempo y salpican a un mayor número de ministros. Uno concedió Juan Alberto Benlloch en las postrimerías del último gobierno de Felipe González; Juan Fernando López Aguilar, Mariano Fernández Bermejo y Francisco Caamaño hicieron lo propio con otros cinco en los ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero. El último concedido hasta la fecha, el año pasado, llevó la rúbrica del actual ministro, Juan Carlos Campo.

Partiendo de los datos recopilados por la Fundación Civio a partir de las publicaciones en el BOE, y a los que ha tenido acceso La Tribuna, podemos destacar que de las 32 personas beneficiadas por esta medida de gracia, 30 eran hombres y solo dos, mujeres. Además, una veintena de ellas fueron condenadas por la Audiencia Provincial de Cuenca y 12 por el Juzgado de lo Penal. En la misma proporción, veinte de ellas la pena les fue conmutada y a una docena, indultada. Dentro de la serie histórica analizada, los años de mayor actividad en este sentido son precisamente los del cambio de siglo. 2001 se lleva la palma con seis indultos; le siguen 1997, 1999 y 2000 con cinco cada uno. Cabe destacar que desde los cuatro otorgados en 2007, solo se han notificado tres más (2010, 2013 y 2020).

Éste último, correspondiente a una sentencia del año 2014, hacía referencia a un delito de falsedad en documento público cometido por funcionario y por el que se le condenó a tres años de prisión y a una multa de seis meses con una cuota diaria de diez euros. Éste es solo un ejemplo y, además, el tipo de vulneración de la norma no es el más común, pues entre las 32 exoneraciones con raíces conquenses, destacan sobremanera los delitos contra la salud pública, de estafa y de lesiones y contra la seguridad del tráfico. En este sentido, hay algún caso que llama la atención, como el indulto concedido en el año 2000 a una persona que fue condenada a un año y seis meses de prisión por un delito de imprudencia temeraria, con resultado de muerte, por unos hechos que sucedieron en 1993.

En el listado no se recoge ningún indulto a delitos de sangre o por violación, pero los hay con penas especialmente gravosas. En este sentido, el indultado condenado a más tiempo fue un hombre que en 1990 fue condenado a seis años y un día de prisión y una multa de 50.000.001 pesetas por un delito contra la salud pública. El castigo le fue conmutado con la condición de no volver a cometer el delito durante el tiempo de cumplimiento de la condena.