Fue también en un mes de marzo. Las gentes del campo tomaron el Paseo del Prado, el de Recoletos y buena parte de la Castellana. Según la Delegación del Gobierno se reunieron 150.000 personas; los convocantes hablaron de más de 400.000. Fue una manifestación reivindicativa que acabó sin una papelera rota, con los contenedores intactos y con los escaparates de la zona impolutos. A Madrid acudieron agricultores, ganaderos y cazadores llegados de toda España para participar en una marcha que llevaba muchos meses preparándose para denunciar la ruina en el campo.
Se ha cumplido un año de aquella marcha y lo que ha venido después no ha sido en ningún caso mejor. Los profesionales del sector han sufrido una sequía prolongada y siguen groguis por las secuelas económicas acentuadas por la invasión rusa en Ucrania. Solo los cazadores han conseguido uno de los puntos que aparecían en una larga lista de reclamaciones: los perros de caza y de trabajo han quedado excluidos de una siniestra ley de Bienestar Animal que castiga más al que se fulmine una rata que al que maltrate a su pareja, se entiende que humana. Estos días nos ha quedado claro que una parte destacada del Gobierno no quiere ser 'punitivista' con los que violan ni tampoco castigar con dureza a los que abusen de niños, pero le encantaría meter en la cárcel al que acabe con un roedor en su casa.
Con el cambio de año, ha entrado en vigor la nueva Política Agraria Común que regirá en el campo hasta 2027. Es una PAC de la que presume el Gobierno de España y lo hace con un argumento especialmente peligroso, porque sigue estigmatizando a los labradores como los profesionales que viven de la subvención. Te contarán que somos el tercer país más beneficiado con fondos europeos al campo, que tendremos más de 47.000 millones de euros y que estas ayudas suponen el 20% de los ingresos agrarios. La realidad es que, al margen de las grandes cifras, las zonas más necesitadas -tanto por las condiciones orográficas como por la despoblación- parten en una situación de clara desventaja. En Castilla-La Mancha hay que mirar de forma especial a Cuenca y a Guadalajara. Cuéntale a un agricultor del Señorío de Molina, con explotaciones habitualmente muy dispersas, sometidas a un clima extremo y amenazadas a diario por la presencia de corzos y ciervos, que por una hectárea de cebada va a cobrar menos que en cualquier parte de España. Esto se puede hacer extensivo a toda la provincia por una cuestión de productividad: a igual extensión, no se produce lo mismo en La Mancha que en la zona de Sigüenza, por comparar dos puntos de la región. Pasa algo similar con la ganadería, donde proporcionalmente salen más perjudicadas las explotaciones más pequeñas. Esto sería conveniente que se lo explicaran bien a los ganaderos de la Sierra Norte, de Cantalojas, de Galve de Sorbe o de cualquiera de los pueblos donde todavía quedan profesionales de este gremio.
Tampoco sale bien parado el olivar tradicional, que es el gran protagonista de la Denominación de Origen del aceite de La Alcarria. Pueden preguntar en las almazaras de Valdeolivas o de cualquier pueblo acogido a esta D.O. La PAC no tiene en cuenta la particularidad del olivar de esta comarca de las provincias de Cuenca y de Guadalajara, de bajo rendimiento y con unos costes de manipulación y cultivo muy altos. Se va a producir un agravio que han cuantificado las cooperativas afectadas: mientras en otras zonas de Castilla-La Mancha van a cobrar más de 250 euros por hectárea, en la Alcarria no van a llegar a 130. Esta ecuación tendrá consecuencias. Los productores -especialmente los jóvenes- dejarán los cultivos y cerrarán las almazaras. Esto hay que tenerlo en cuenta ahora que se acercan las elecciones. Den por seguro que los que mandan o quieren hacerlo volverán a recuperar ese falaz interés por el medio rural, con eslóganes sobre la España vacía y vaciada, términos utilizados para no hablar de la España vacilada.
«Las zonas agrícolas y ganaderas más necesitadas parten en una clara desventaja para acceder a las ayudas europeas de la PAC»