La decisión del Tribunal Constitucional de suprimir del impuesto de plusvalía municipal pone en jaque las arcas de todos los ayuntamientos a lo largo y ancho de nuestra piel de toro. Este gravamen suponía una de las principales fuentes de financiación para los consistorios, que se ven con las manos atadas al no poder seguir percibiendo, por el momento, esa cantidad de dinero con el importante agujero que eso suscita para sus caudales. De momento, Hacienda ya ha comunicado que revisará el controvertido impuesto para que los ayuntamientos sigan ingresándolo. Y de esta forma, hasta que el ministerio proporcione una solución todo queda en el aire.
Los ayuntamientos recaudan unos 2.500 millones de euros al año de los bolsillos de aquellos que o bien habían decidido vender un inmueble o bien habían recibido una herencia o una donación. Dentro de esa ingente cantidad a nivel nacional, el Ayuntamiento de Cuenca representa unos 2,7 millones, según los cálculos del concejal de Hacienda, Juan Manuel Martínez Melero, a juzgar por la media de recaudación de los últimos ejercicios. Una cantidad nada desdeñable que al edil responsable le suscita una «gran preocupación» porque los Presupuestos para 2022 –en los que ahora trabaja– sufren «consecuencias».
Martínez Melero explica a La Tribuna que si la cantidad que se debía ingresar por el cobro de este tributo no se materializa para bien, las cuentas municipales quedan «muy limitadas». No en vano, recuerda que se trata de una de las principales fuentes de financiación del Consistorio, pues «es el segundo impuesto que más recauda después del IBI».
Así todo, asume que la presentación de los presupuestos para su aprobación inicial a finales de este año o principios del que viene –tal y como el equipo de Gobierno pretendía–, no se va a producir. Y es que la elaboración de las cuentas queda pendiente de la resolución que tome el Ministerio. Por eso, a corto plazo solo queda «esperar» noticias en este sentido; y a medio, «estudiar de nuevo el Presupuesto para volver a presentarlo aunque sea más tarde de lo que nosotros hubiéramos querido».
Cambios anteriores. El concejal recuerda que hace cuatro años ya se produjo la nulidad de parte del articulado de la Ley de Haciendas Locales, y que ya por entonces la declaración de inconstitucionalidad se limitó únicamente a aquellas situaciones en las que no hubiera un incremento del valor del inmueble. Desde entonces, los ayuntamientos se han ido «adaptando» y han liquidado el gravamen en las situaciones que realmente son constitutivas de incremento de valor, pero no cuando no ha existido un aumento del mismo.