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Agujeros en la política agraria comunitaria

Vidal Maté
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El sector pide a la UE más protección con menos trabas para producir, ayuda para vender por encima de costes y defensa contra las importaciones baratas

Agujeros en la política agraria comunitaria - Foto: Alberto Rodrigo

Durante los últimos años, la elaboración del Plan Estratégico con el que distribuir los más de 47.000 millones de euros previstos para España en la próxima reforma de la Política Agraria Común ha sido eje de los debates. Al cabo de esos cientos de reuniones con todos los posibles sectores implicados, y muy especialmente con comunidades autónomas y organizaciones agrarias, acerca del Plan que debe ser visto en Bruselas en los próximos tres meses quedan flecos importantes sobre los que no se ha llegado a un acuerdo total. Esto es evidente sobre todo en lo referido a quiénes deben ser esos profesionales activos destinatarios prioritarios de las ayudas o al fin de los pagos por los derechos históricos que en muchos casos son un sinsentido.

Pero al margen de esos debates y de la importancia del reparto de los fondos comunitarios, la reciente reunión en Madrid de las organizaciones agrarias y de Cooperativas Agro-alimentarias con el Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, puso de manifiesto a Bruselas cuáles son esas otras cuestiones claves que hoy preocupan al sector y que serían agujeros los negros de la dinámica diaria de una explotación. Y común denominador de todas esas demandas ha sido una llamada a la protección de la actividad agrícola o ganadera frente a políticas que se exceden en exigencias y condicionantes a la hora de producir o en inacción en la parte contraria a la hora de defender los intereses de la actividad agraria en materia de mercados, precios de venta e importaciones baratas que pueden poner en peligro la viabilidad de cientos de miles de explotaciones, aquí y en otros países de la Unión.

El sector agrario en su conjunto reclama medidas para la contención de los costes de producción, desde los abonos a los piensos, que hacen inviable la actividad. En muchos aspectos se trata de un problema con algunas posibles salidas con decisión nacional, como en el caso de la energía. Pero en otros se trata de un problema globalizado sobre el que Bruselas debería tener una mayor capacidad de acción para la búsqueda de salidas, cosa que no se ha hecho, y no dejarlo todo a la posibilidad de que la crisis de incrementos sea puramente coyuntural.

El sector agrario reclama, en la misma línea, protección para poder producir más en volumen y calidad, sin tantas ataduras como se tratan de intensificar e implantar a corto plazo atendiendo fundamentalmente a razones de sostenibilidad medioambiental, pero no económica. Estrategias como 'De la granja a la mesa' o 'Biodiversidad UE 2030', en las que se plantea una elevada reducción en los usos de abonos y productos fito o zoosanitarios para producir menos y a mayor precio, junto a las mayores exigencias en materia de vertidos, regulación de distancias, instalaciones, bienestar animal, etc., suponen otros riesgos reales para el mantenimiento de explotaciones si no se acompañan con medidas de apoyo complementarias.

A ello se debería sumar el riesgo que conlleva rebajar la oferta propia comunitaria de productos alimentarios y aumentar la dependencia exterior, es decir, ir en contra de la soberanía alimentaria cuando nadie ha puesto en duda la calidad de los productos comunitarios. Todo lo contrario que países como China. Ello supone además ir en contra del principal objetivo de la PAC en los años sesenta del siglo pasado: autosuficiencia alimentaria, menos dependencia exterior y apoyo a la actividad agraria.

En ese contexto toma más cuerpo la vieja reclamación del sector agrario cuando, al señalarse la creciente preocupación por el bienestar animal, la condicionalidad de las explotaciones y el medio ambiente, nadie se ocupa del bienestar de agricultores y ganaderos en un territorio que sostienen a pesar de las carencias de tantos servicios.

El sector agrario, en su pelea en la actividad diaria, reclama protección para que se cumpla en los términos previstos la Ley de la Cadena, a la que se tilda de joya, tanto como para que sea modelo en esta materia para las normativas de otros países miembros. Sin embargo, a la hora de la verdad tiene dificultades en su aplicación por controles insuficientes y, a la postre, por la dificultad de su cumplimiento en un sector con productos perecederos que no se pueden almacenar y, sobre todo, porque nadie ha corregido las diferencias entre el peso de un gran grupo y el del productor de a pie a la hora de negociar.

Con la mirada puesta en mantener la actividad, el sector reclama otra política en lo que afecta a las importaciones de los productos agroalimentarios procedentes de terceros países. Estas compras al exterior se disparan año tras año empujadas por la firma de acuerdos comerciales y también por una política abierta en fronteras. Agricultores y ganaderos no entienden que Bruselas imponga tantas exigencias y controles a la hora de producir en las explotaciones comunitarias y que, en paralelo, por intereses de otros sectores exportadores, no exija lo mismo a las importaciones en materia de abonos, productos fitosanitarios, bienestar animal o protección del medio ambiente. No es posible producir a mayores costes con unas mayores exigencias y a la vez mantener abiertas las explotaciones frente a la avalancha exterior si no se aplican las mismas exigencias. Es lo que ahora llaman cláusula espejo: exigir lo mismo a lo que se importa que a las producciones propias, que defenderá Francia en el actual periodo de la presidencia comunitaria y que España apoya.

El Comisario se comprometió a defender en Bruselas los planteamientos del sector agrario español al que reconoció su gran capacidad para producir alimentos, siendo uno de los ejes en la oferta comunitaria. Igualmente recogió la demanda de exigir a las importaciones desde terceros países unas condiciones iguales a las pedidas a los productores comunitarios, así como la posibilidad de que otros países de la UE puedan aplicar el contenido de la Ley de la Cadena Alimentaria.

El comisario, además, se felicitó de que España hubiera sido uno de los primeros países en presentar su Plan Estratégico con el que ubicar los 47.724 millones previstos en la próxima PAC y que debe estudiar Bruselas en los próximos tres meses.