La polémica por las palabras del ministro Garzón está copando el debate sobre las macrogranjas, pero en Castilla-La Mancha hay algo más que palabras. El jueves se vota en las Cortes la Ley de Medidas Tributarias que incorpora una enmienda para aprobar una moratoria de tres años para explotaciones de más de 2.000 cabezas. No se podrán autorizar su apertura ni tampoco la ampliación de las existentes si se acaba superando esa cifra.

El consejero de Desarrollo Sostenible ha defendido hoy este paréntesis: «Creemos que al sector cárnico y a la ganadería le va ayudar». Además explicó qué es lo que va a hacer el Gobierno regional durante estos tres años de margen. «El objetivo es darnos un plazo, un plazo prudencial», comentó, «para mejorar lo relativo a organización, planificación, regulación del sector de la ganadería intensiva». 

Apuntó  que el Gobierno quiere «estudiar los suelos, las aguas, acompañados por el sector científico, por la propia Universidad, para constatar el estado real y adecuar la normativa». Contó que una de las claves sería poder «valorizar» los purines de los animales, de forma que se pudiera eliminar su afección en olores y en la posible contaminación de suelo y agua. 

Escudero admitió que «en algunas comarcas es un clamor que la gente no quiere que se instale este tipo de producciones». Es más, cree que si Núñez se mantifestó contra las macrogranjas cuando era alcalde de Almansa es porque sentía esa presión de sus vecinos. Por eso le pide que recapacite y vote a favor de la moratoria en el pleno de las Cortes. «Esta es una medida que no ataca a nadie, que vela y ayuda al sector primario, al campo y a nuestros pueblos».