Mientras en el Congreso de los Diputados en la madrileña carrera de San Jerónimo se debatían las propuestas de resolución derivadas del debate sobre el estado de la Nación, previas a su votación y a la de dos leyes importantísimas, la de Memoria Democrática y la contrarreforma del Poder Judicial, desde Bruselas se daba a conocer que el Abogado General de la UE se alineaba con las posiciones del juez instructor del procés, Manuel Llarena, sobre la extradición del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont a España, una decisión que sobrevolará en la reunión de quien ahora ocupa su despacho en el Palau Sant Jordi que el viernes se entrevistará con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que reclamará el fin de lo que entiende que es una persecución contra el independentismo.
El debate de las propuestas de resolución en el Congreso no tuvo mucha historia, salieron adelante las que estaban previstas sobre los anuncios realizados por Sánchez en la primera jornada, y alguna otra inocua, -en realidad todas lo son porque no comprometen la acción del Gobierno y no tienen otra virtualidad que la de obligar a retratarse mutuamente-, mientras los nacionalistas e independentistas en línea con sus intervenciones trataron de que se reconozca lo que no se puede reconocer, el derecho de autodeterminación, adornado de la alabanza de la plurinacionalidad. Como dijo el portavoz del PDeCAT, Ferran Biel, el debate parecía "la feria del libro donde cada uno monta su caseta e intenta vender su libro". Mayor grado de incidencia tuvo la votación sobre la ley de Memoria Democrática, con una nueva demostración previa de cercanía entre las víctimas del terrorismo y el PP, como si no fueran un patrimonio común del sufrimiento de un país entero, y la de la ley que reforma las competencias del CGPJ para nombrar a sus dos magistrados para el Tribunal Constitucional, con tiempo tasado para, al menos, acabar con la anomalía de sus miembros en funciones como consecuencia de las maniobras dilatorias del PP.
Mala noticia para el independentismo catalán, que no deja de sufrir contrariedades en su lucha judicial en la Unión Europea, que el Abogado General del Tribunal de Justicia Europeo –con sede en Luxemburgo- considere que no hay riesgo de que se violen los derechos del expresidente catalán prófugo de la justicia porque no hay "deficiencias sistémicas" en su respeto en España, y que la justicia belga no es quién para decidir qué tribunal español es competente para actuar contra Puigdemont y los suyos refugiados en un país que ha sido su santuario. Los tiempos de la justicia, también de la europea son lentos pero inexorables y al margen de las circunstancias políticas que concurran en cada momento.
La decisión del Abogado General de la UE llega en un momento extemporáneo para el Gobierno ante la reunión entre Sánchez y Pere Aragonés, en La Moncloa. Aunque la decisión del TJUE tardará aún en hacerse efectiva, será un motivo más de victimismo para los 'indepes' que reclaman el fin de la represión a través de una amnistía imposible constitucionalmente- y porque tienen un concepto propio sobre la separación de poderes. Pero que nadie tema por la unidad de España: ni los propios miembros del Govern catalán tienen muchas esperanzas puestas en esa reunión. Pero lo importante es que sigan dialogando.