El problema de los okupas fue abordado en el último pleno ordinario del Ayuntamiento de Tarancón, el pasado jueves, tras las preguntas reiteradas por parte del concejal de Vox, David Borja Pérez, en la propia sesión y en otras anteriores, así como por la concejal de Unidas Podemos, Carolina Rey. 

Ambos grupos políticos insistieron al equipo de Gobierno en la necesidad de controlar la ocupación ilegal de viviendas, que en muchos casos lleva aparejada alteración del orden público y delincuencia. «Hay calles en el casco antiguo donde es difícil encontrar al propietario legal de la vivienda, porque prácticamente casa sí casa no están ocupadas por personas que han pegado una patada a la puerta, no cuentan con suministro de luz ni de agua», expuso Rey, que aboga por un plan efectivo de vigilancia de una problemática que, aunque sobre todo se da en la parte más antigua de la ciudad, también se ha extendido a otras zonas como la avenida Miguel de Cervantes, la calles Manuel Machado o el Paseo de la Estación. «Es la preocupación de muchos vecinos, se podría hacer perfectamente un listado de todas estas ocupaciones, y no precisamente de familias con niños, sino de gente que lo hace para delinquir», añadió Rey. 

Desde el equipo de Gobierno, la concejal de Servicios Sociales, Raquel Benavente, explicó que en este área municipal tuvieron constancia en 2021 de 50 familias okupas y de 14 en lo que va de año. Y que la mayor parte de los inmuebles ocupados ilegalmente están embargados por el banco, son viviendas de protección pública propiedad de la Junta o casas antiguas sin habitar en condiciones precarias. «Nosotros realizamos una labor de intermediación, intentamos ayudar a las familias que desde Servicios Sociales detectamos porque nos lo comunica el juzgado, informamos a la Consejería de Bienestar Social, pero es el Gobierno central quien tiene las competencias en este asunto», aseveró Benavente a La Tribuna una vez finalizada la sesión plenaria. No obstante, el concejal de Vox, que insistió en la necesidad  de «actuar de forma contundente contra los más que identificados okupas y delincuentes habituales», felicitó a la Policía Local por haber evitado al menos dos ocupaciones ilegales en los últimos meses.

En otro orden de cosas, durante el pleno ordinario de febrero quedó aprobada la cuenta general de 2019, con la abstención de Unidas Podemos. Por unanimidad, salió adelante un expediente sobre la depuración de saldos contables, de alrededor de más de 2.800 euros, relativo a errores existentes en la contabilidad de ejercicios anteriores. 

«Apostamos por la transparencia, nuestro objetivo es tener las cuentas, claras, equilibradas y depuradas», afirmó la portavoz del equipo de Gobierno,Lorena Cantarero. También en alusión al otro punto que centró el debate plenario, ya que se aprobó - en este caso con la abstención de UP y PP- la prescripción de obligaciones anteriores, que se corresponde a facturas pendientes de pago por parte del Ayuntamiento, de entre 1997 y 2013, por un total de más de 390.000 euros, que según establece la ley a los cuatro años prescriben.

 El alcalde, José Manuel López Carrizo, explicó que  la intención del Ayuntamiento es mantener o mejorar el periodo medio de pago a proveedores, que está en unos 34 días, y que durante el periodo de alegaciones «quien justifique que ha reclamado en tiempo y forma estas facturas se abonarán, pero es así como nos indican los técnicos que hay que hacerlo al haber prescrito». Al parecer, algunas de las facturas más abultadas corresponden a los años 2007-2009 en que hubo ayudas municipales para el fomento del empleo. 

El portavoz del Grupo Municipal Popular, José Manuel Salas, abogó por regularizar partidas que no deben aparecer en el pasivo de los estados financieros municipales y solicitó al PSOE cuidar los plazos de pago para que la situación no se repita. La concejal de UP mostró su incredulidad porque estas factura no hayan sido reclamadas y, ante estos pagos pendientes en algunos casos desde hace más de 20 años, desde Vox David Borja Pérez estuvo de acuerdo en que «desvirtúan la cuenta general» y pidió al actual equipo de Gobierno que «el control y análisis sea más recurrente».  

La vigilancia en el cementerio se va a incrementar

A petición en reiteradas sesiones plenarias de Vox por robos y actos vandálicos cometidos en el cementerio, el concejal de Seguridad, José Víctor Hontana, confirmó en el pleno que «la Policía Local y la Guardia Civil ya están avisados y van a pasar más a menudo». También en respuesta a preguntas anteriores de la oposición, el equipo de Gobierno informó sobre mejoras que se prevén realizar en el polígono Senda de los Pastores, en el alumbrado del campo de fútbol, donde se colocará el marcador pendiente, o en el acerado con un segundo plan de accesibilidad. En cuanto carpa en el exterior del CEDT, se trasladará la petición a la Gerencia de Atención Integrada de Cuenca, y sobre los baños de la estación de autobuses, aclararon que la limpieza depende del arrendatario y el mantenimiento del Ayuntamiento. Entre otros temas que se pusieron sobre la mesa, Vox preguntó si se está investigando el incendio que hubo en el camino nuevo del cementerio.