La Ley de la Cadena Alimentaria establece la prohibición de la venta a pérdidas y la transparencia en la formación de precios con los costes de producción como base de los contratos, así como una mayor claridad en la contratación, con la obligatoriedad de las relaciones contractuales mediante el registro de contratos, que será operativo desde el 1 de enero de 2023 y en cuya puesta en marcha y actualización colaborarán el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas.

La nueva norma amplía también el ámbito de aplicación en el escenario geográfico y de operadores, intensifica la lucha contra las operaciones comerciales desleales y refuerza los mecanismos de gestión y control, con una colaboración intensificada entre Agricultura, las autonomías y la Unión Europea. Este marco de colaboración ya ha tomado forma con la constitución del Comité de Cooperación de las Autoridades de Ejecución que conforma la AICA con las autoridades competentes de cada región.

El secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio, Fernando Miranda, ha asegurado que la aplicación y cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria «es un ejercicio colectivo que depende del concurso de todos». Miranda ha destacado que España «siempre ha ido por delante de la regulación de las prácticas comerciales desleales y en el impulso la Ley de la Cadena» en el contexto de la Unión Europea.

En este sentido, ha mencionado que «esta segunda generación de la Ley de la Cadena Alimentaria» -una vez modificada la Ley de la Cadena de 2013 y traspuesta la Directiva del Parlamento Europeo sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos- «es notablemente más ambiciosa que la ley de 2013 y la directiva europea. Permite formar una mejor cadena de valor y que los beneficios que busca la ley lleguen a todos los eslabones, especialmente al sector primario». Miranda ha subrayado que «la existencia de este elemento legislativo nos permite tener un instrumento sobre el que crear valor en los precios».

El secretario general de Agricultura ha enfatizado que «la pieza clave de la ley es el contrato escrito. El primer elemento de control es el contrato y es lo que da estabilidad a la relación entre las partes, que quedan regladas. El contrato es un vehículo de ordenación de la oferta. Es una cultura que tenemos que ir asimilando. Tenemos que permearlo en nuestra forma de hacer», ha señalado. Asimismo, ha apelado al sector a «hacer la contratación lo más anticipada posible para mejorar la posición que tiene el sector primario en la negociación» y ha recomendado que «el contrato sea plurianual para dar seguridad y estabilidad a todo el sector».

En relación a la formación del precio, ha subrayado que «la ley establece que el precio que se establezca en el contrato tiene que estar por encima del coste efectivo de producción». Además ha resaltado que «para todos los eslabones de la cadena se tiene que ir añadiendo valor. Con eso se logra que la transmisión del valor llegue al consumidor final para que éste tenga una verdadera percepción del coste del producto». Asimismo, Miranda ha valorado la definición en la Ley de la Cadena Alimentaria de las autoridades de control de las comunidades autónomas.

Obligatoriedad.

La directora general de AICA, Gema Hernández, ha hecho hincapié en el establecimiento en la Ley de la Cadena Alimentaria «de la obligatoriedad de los contratos por escrito que se amplían a todas las relaciones comerciales, independientemente del tamaño de ambas partes». La excepción a esta obligatoriedad serán los contratos menores a mil euros. La ausencia de contrato por escrito o la no incorporación en el contrato alimentario del precio será considerada infracción grave y sancionable. También se considerará infracción grave modificar el precio, objeto, condiciones de pago o condiciones de entrega y puesta a disposición de los productos incluidos en el contrato, ha detallado. Hernández ha recordado que no existe un modelo de contrato alimentario, sino que su contenido viene recogido en el propio articulado de la Ley.

Asimismo, ha informado de que los contratos alimentarios deben formalizarse siempre antes de la entrega de los productos, firmarse y registrarse con todas las modificaciones que se sucedan en el tiempo en un registro digital que será operativo desde el 1 de enero de 2023.

Miranda y Hernández han hecho estas declaraciones este martes durante una jornada informativa sobre la Ley de la Cadena celebrada en La Rioja que ha tenido como anfitriona a la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de esta comunidad, Eva Hita. La consejera ha recordado que «el Gobierno de La Rioja ya fue pionero en marzo de 2020 en la puesta en marcha del Observatorio de Precios Agrarios con Análisis de Costes de Producción, cuya finalidad es ofrecer información actualizada, sistemática y objetiva sobre la formación de precios a lo largo de la cadena alimentaria, dotar al sector agrario de una herramienta de análisis sobre los costes que soporta el proceso productivo y comparar los precios pagados en cada una de los eslabones de la cadena hasta llegar al consumidor». Hasta la fecha se han referenciado 156 análisis de costes de producción.

Con la Ley de Agricultura y Ganadería de en fase de redacción, Hita ha afirmado que «el Gobierno de La Rioja da un paso más para que la información del Observatorio de Precios se ponga al servicio del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. La futura Ley de Agricultura de La Rioja establecerá que la información del Observatorio de Precios regional sirva de base para el control de cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria».

La consejera de Agricultura ha afirmado que «el Gobierno de La Rioja, en su proactividad para fomentar el cumplimiento de la Ley de la Cadena y lograr una cadena agroalimentaria justa y equilibrada, impulsará la involucración de todos los integrantes de la cadena agroalimentaria, de un modo transversal e inclusivo, en una mesa de trabajo que promulgue la responsabilidad social con el sector agroalimentario. De este modo, queremos comprometer a los diferentes integrantes de la cadena agroalimentaria en el pago de precios justos a agricultores y ganaderos y la adhesión a un manifiesto de precios dignos. La jornada de hoy quiere ser, por tanto, el inicio de este compromiso compartido».