El presidente del Gobierno se aferra a su idea de agotar la legislatura y defiende la buena salud del Gabinete de coalición, pese a las constantes grietas surgidas con Unidas Podemos en los últimos meses y la tensión vivida la pasada semana en el Congreso durante la convalidación in extremis de la reforma laboral, sin los apoyos de algunos de sus socios habituales del llamado bloque de investidura.

Eso coloca a España en un horizonte electoral en 2023 en el que los inminentes comicios autonómicos podrían anticipar lo que, llegado el momento, evidenciarán las urnas en la carrera hacia la Moncloa.

Sánchez tiene como fecha límite para la celebración de las próximas generales el 10 de diciembre del año que viene, ya que no baraja la posibilidad de forzar una interpretación de la ley electoral que pudiera alargar su actual mandato unas semanas más.

El jefe del Ejecutivo ha venido asegurando que agotará la legislatura y que tiene la estabilidad necesaria para conseguirlo aunque pueda haber iniciativas como la mencionada reforma laboral, convalidada tras una polémica votación, que no cuenten con el respaldo de sus aliados de ERC, PNV y Bildu.

Horas antes de que se aprobara la norma en el Congreso, repetía su intención en una rueda de prensa durante su visita a Emiratos Árabes.

«El Gobierno tiene como propósito, como objetivo, como determinación, culminar su legislatura una vez termine la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023», manifestó el líder socialista.

España ostentará esa presidencia de turno de la UE desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de ese año, pero el propio jefe del Ejecutivo, en una conversación informal posterior con los periodistas, aclaró que sus palabras no significan en sentido estricto que los comicios vayan a ser literalmente una vez que España deje de desempeñar esa responsabilidad comunitaria.

Su intención es que se celebren coincidiendo con los últimos compases de esa presidencia, cumpliendo la normativa electoral y sin forzar una interpretación de la ley que podría llevarlos incluso a enero de 2024.

Por tanto, de acuerdo con esas premisas, la última fecha posible para las próximas generales sería el 10 de diciembre de 2023.

El día en el que se acude a las urnas es el que se ha tomado siempre como referencia para el inicio de la legislatura, que se extiende durante cuatro años.

Como los últimos comicios generales fueron el 10 de noviembre de 2019, el mandato de las Cortes actuales concluirá justo cuatro años después, el 9 de noviembre de 2023.

De acuerdo con el artículo 42 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), si no hay disolución anticipada de las Cortes, el presidente del Gobierno está obligado a expedir el decreto de la nueva convocatoria 25 días antes de la expiración del mandato de las Cámaras.

Ese decreto, que se publica al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, ha de incluir la fecha de los comicios, que tal y como determina también la ley electoral, se celebrarán 54 días después de esa publicación.

Es decir, que si Sánchez lleva al límite la legislatura, deberá expedir el decreto de convocatoria el 16 de octubre de 2023 (25 días antes de que concluya), se publicará en el BOE el 17 de octubre y las elecciones serían el 10 de diciembre (54 días después de su publicación).

Escenario abierto

La única posibilidad de que se convocaran más allá de esa fecha sería interpretar que el inicio de la legislatura no es el día de las anteriores elecciones, sino el de la constitución de las Cortes o, incluso, el de la investidura del jefe del Ejecutivo, por lo que se podrían ampliar los tiempos.

Pero Sánchez ha descartado que pretenda forzar esa interpretación, que conllevaría dudas legales y una segura polémica política, y asegura que se regirá por los plazos habituales.

La precampaña y la campaña electoral coincidirían, por tanto, con la presidencia española de la Unión Europea, pero fuentes del Gabinete de coalición aseveran que este hecho no afectaría a la responsabilidad que tiene que desempeñar el país durante ese período.

Por otra parte, 2023 será un año muy cargado electoralmente porque a los comicios generales se sumarán los municipales y los de gran parte de las comunidades autónomas.

Será el 28 de mayo (el cuarto domingo de ese mes según estipula la ley electoral) cuando habrá que acudir a las urnas para elegir a quienes estarán al frente de los Ayuntamientos de toda España y de la mayoría de las regiones.

Desde Moncloa se asegura que Sánchez no se plantea hacer coincidir las elecciones generales con las municipales y autonómicas y que su determinación es clara para que se celebren, como él dice a menudo, «cuando toca». Y cuando toca es a finales de 2023.

Génova calienta motores

Los comicios de Castilla y León que se celebran este fin de semana suponen para el PP y para su líder, Pablo Casado, una nueva etapa a completar en su carrera hacia la Moncloa. La meta más próxima, una victoria del candidato de su partido, Alfonso Fernández Mañueco, que apuntale un cambio de ciclo en España.

Desde que el actual presidente de la Junta de Castilla y León convocó por sorpresa las elecciones y rompió con su entonces socio de Gabinete, Ciudadanos, Fernández Mañueco ha colocado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y no al candidato socialista, Luis Tudanca, como el verdadero adversario a batir, lo que pone negro sobre blanco la dimensión nacional de esta cita con las urnas.

Como ya hiciese su compañera Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de la Comunidad de Madrid, el presidente de la Junta ha denunciado, desde los primeros momentos de la precampaña, «ataques» del Gobierno a su región.

El PP busca con ello ahondar en el desgaste que percibe en el jefe del Ejecutivo y que cada nueva cita con las urnas erosione sus posibilidades de retener el poder.

Otro aspecto crucial en la carrera de fondo de los conservadores hacia La Moncloa es la situación interna del Partido Popular. La campaña de Castilla y León ha servido como bálsamo tras meses de ruido y rumores de tensiones, pero el enfrentamiento entre Génova y Díaz Ayuso por el control del PP madrileño ha quedado aparcado, no resuelto, y amenaza con resurgir en los tiempos venideros, de la mano de los congresos regionales de la formación.

Todo ello pone de manifiesto que en la escalera de Casado a la Moncloa quedan aún peldaños que subir. Y él los quiere apuntalar, con la vista puesta en 2023.