El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará este 2023 el mayor presupuesto de su historia para el Sistema de Atención a la Dependencia, alcanzando los 615 millones de euros. Lo destacó esta mañana la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, en el balance que ayer realizó sobre la gestión del Sistema de Dependencia en Castilla-La Mancha a cierre de 2022.
En el repaso y exposición de los datos recogidos por el Imserso, la titular de Bienestar Social de Castilla-La Mancha dejó patente que «nos sitúan como la segunda mejor comunidad autónoma en gestionar esta materia», como resultado del esfuerzo económico y el empeño por recuperar este sistema y «con el objetivo de atender a más personas, estén donde estén, y teniendo en cuenta sus necesidades, reduciendo las listas de espera y haciéndolo de forma más ágil».
Detalló que 2022 finalizó con 85.666 prestaciones y 67.338 personas atendidas dentro del sistema. Indicó que todo ello pone de manifiesto que «el Gobierno regional vuelve a batir récords con su crecimiento positivo dentro del sistema desde la aprobación de la Ley de Dependencia y nos sitúa en segunda posición a nivel nacional en personas beneficiarias con prestaciones en relación a la población regional».
También valoró que Castilla-La Mancha haya cumplido con el objetivo marcado por el Gobierno de España en el Plan de Choque, cuyo primer reto era reducir la lista de espera, lo que se ha conseguido hacer en un 14,1 por ciento en el último año. «En la comparativa con el resto de comunidades, pasamos de un 44 por ciento en 2015 a un 3,7 por ciento, ocupando la segunda posición como la región con menos lista de espera», apuntó.
En la misma línea, Castilla-La Mancha consolida su tendencia positiva durante 2022 en la disminución del llamado 'limbo de la Dependencia', reduciéndose los expedientes pendientes de Plan Individualizado de Atención PIA en 25.495 respecto a julio de 2015, un 95 por ciento menos, manteniéndose en una línea descendente, con 1.424 en la actualidad.
Además, también se han disminuido los tiempos medios de atención pasando de 214 días, en 2021, a 190 en el año 2022, «fruto del programa temporal de refuerzo de personal, con 25 profesionales más que hemos incorporado al sistema, y la dotación de 50 nuevos vehículos para los valoradores, con una inversión de más de dos millones de euros».
Precisó que han sido 23.110 las solicitudes que la Consejería de Bienestar Social ha tramitado, 24.038 valoraciones realizadas y las 27.056 resoluciones del Plan Individual de Atención (PIA) efectuadas.