Más de 2.500 magistrados pertenecientes a las principales asociaciones de jueces han denunciado ante la UE la "violación del Estado de Derecho" en España. Es algo más que un tirón de orejas al Gobierno que preside Pedro Sánchez. En sus dimensiones y en repercusión no hay precedentes.
Recuerda un paso similar que en su día se vieron obligados a dar los jueces polacos denunciando ante las instituciones europeas los intentos de colonización del poder judicial, allí por parte del Gobierno ultraconservador. Aquí ,según la denuncia que realizan nuestros jueces ante Bruselas, quien está "horadando la independencia del Poder Judicial" -frase textual- es el Ejecutivo de coalición (PSOE-Podemos) que se proclama progresista pero al que delatan sus tics autoritarios.
Los jueces alertan del deterioro de la calidad de nuestro sistema democrático por obra de iniciativas como la reforma de la ley que rige el nombramiento de los miembros del CGPJ. El órgano de gobierno de los jueces que ampara la Constitución ( Art.122) que establece un sistema de nombramiento de los vocales que el tándem Sánchez-Iglesias pretende cambiar para adaptar su control a la precaria mayoría parlamentaria que configura la suma del PSOE con Podemos.
Hay que decir que el actual Consejo lleva meses en funciones en razón del desacuerdo entre los socialistas y el PP para la renovación de los vocales. La responsabilidad política del bloqueo se reparte pero no justifica el desafuero que supondría cambiar el sistema de elección para dar satisfacción al socio de coalición del PSOE en el Gobierno. El malestar en el mundo de las togas está más que justificado y también se refleja en el mundo de los fiscales, el otro pilar de nuestro sistema judicial. Ellos denuncian las arbitrariedades en materia de nombramientos de Dolores Delgado, Fiscal General del Estado. Bruselas no suele interferir en los asuntos internos de los países miembros de la UE, pero la "carta de los jueces" ha encontrado un altavoz, cuyos ecos deberían hacer reflexionar a Pedro Sánchez. España se merece un Gobierno que no esté señalado por prácticas que rebajan la calidad de nuestro sistema democrático.