La desalación no puede utilizarse para compensar el recorte de agua del trasvase Tajo-Segura, advierten a EFE dirigentes ecologistas, a tenor de la reciente aprobación de los nuevos planes de cuenca por el Gobierno, porque aseguran que se trata de una industria «contaminante de gran impacto ambiental» que habría de limitarse a usos puntuales.

«No podemos dejar sin agua a la población, pero no se pueden plantear las desaladoras para regar cultivos extensivos, campos de golf, regadíos ilegales, urbanizaciones...», asegura Julio Barea, responsable de Agua de Greenpeace.

Según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la inversión en desaladoras y la eficiencia en regadíos con los nuevos planes de cuenca que fijan para el Tajo unos caudales ecológicos o de bienestar del río en aumento progresivo hasta 2027, garantizarán un volumen superior de agua al que podría dejarse de trasvasar.

«Si se impidieran en este país las decenas de miles de regadíos ilegales habría mucha más agua», asegura a EFE el responsable de Greenpeace, quien añade que «nosotros no estamos en contra 'per se' de la desalación, pero sí para los usos que se están formulando, en plan masivo».

«La desalación es la última de las soluciones y habrían de ser muy puntuales sus usos, para dar abastecimiento a la población. Estamos hablando para agua de boca, cuando hemos agotado todas las demás posibilidades».

Por su parte, el activista experto en agua Santiago Martín Barajas, portavoz de Ecologistas en Acción, ha instado a que «se clausure ya el trasvase» y a que no se dedique «ni un metro cuadrado más de riego» a cultivos en España.

Sus críticas las ha dirigido contra el volumen de agua que se destina al campo en las comunidades del Levante para regadío, pero también contra Castilla-La Mancha, el territorio cedente del trasvase Tajo-Segura, tras acusarla de ser «igual de desarrollista» que las anteriores.

Las desaladoras o plantas desalinizadoras son instalaciones que convierten el agua salada del mar o salobre en recursos aptos para el consumo humano, usos industriales y de regadío; la primera en este país se construyó en Canarias, en Lanzarote, allá por la década de los sesenta, ante el desequilibrio hídrico del aumento de demanda del agua por el turismo.

Por sus características orográficas, España es tierra de ríos abundantes y aguas subterráneas, pero se trata de uno de los países que más agua desalada produce del mundo, con más 700 instalaciones, de dimensiones dispares unas de otras y repartidas especialmente por el archipiélago canario y el arco mediterráneo.

Entre sus inconvenientes, los ecologistas critican su alto impacto paisajístico en línea de costa, así como las grandes cantidades de electricidad que requieren algunas de ellas para su funcionamiento, generando muchas emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.

Según los ecologistas, además, de un litro de agua de mar desalada aproximadamente la mitad únicamente resulta potable y dulce, con posibilidades de utilizarse.

Por el contrario, el medio litro restante es una salmuera hiperconcentrada en sales y otros muchos productos químicos que se utilizan en el proceso de desalación y que, lamentablemente, van directos al mar.

El responsable de Ecologistas en Acción ha precisado que los efectos de dichos vertidos son «peores de lo que se pensaba», dado que afectan gravemente a las praderas de posidonia, una planta marina fundamental para la reproducción y supervivencia de muchos peces.

«Sería una barbaridad», ha añadido, hacer funcionar de continuo las instalaciones para desalar agua, cuyo uso debe limitarse a momentos puntuales, a períodos de sequía, por ejemplo, y para determinadas poblaciones en condiciones hídricas especiales.