El pinchazo es por desgracia una nueva lacra que atemoriza a la población, especialmente para las mujeres, que son las principales víctimas. Este método de sumisión química ha llegado hasta la provincia de Cuenca porque «existe una denuncia», tal y como confirma la delegada de Igualdad en Cuenca, Lourdes Luna. Sin embargo, al igual que en el resto de casos denunciados en Castilla-La Mancha, «las analíticas realizadas a todas las mujeres víctimas no han evidenciado ninguna sustancia», explica Luna.
Es muy importante en estos casos que «las mujeres acudan rápidamente al centro de salud si están cerca de uno de ellos o, en caso contrario, llamen al servicio de emergencia del 112 para ser atendidas», explica la delegada de Igualdad. Y es que los efectos del pinchazo pueden aparecer inmediatamente en el cuerpo de la víctima. Es vital también que «los acompañantes no abandonen nunca a la víctima y le ayuden en todo lo que necesite», puntualiza Luna.
Hasta la fecha son una docena de casos en la región y uno de ellos en la provincia conquense. El pinchazo suele producirse en situaciones de aglomeraciones y, principalmente, en ambientes festivos. Los autores deben saber que esta práctica «no tiene ninguna gracia y es un delito penal por lesiones y, evidentemente, está penado», recalca la delegada de Igualdad. La sociedad debe atajar de raíz cualquier lacra, y el pinchazo es una de ellas. Para empezar a erradicar este problema es importante que tanto las víctimas como los testigos «no se callen por favor y denuncien estos casos», pide Luna.
acusación popular. El Gobierno de Castilla-La Mancha actualizó su protocolo de asistencia a víctimas de sospecha de sumisión química y/o agresión a través de un pinchazo ante la situación que se viene detectando desde el pasado mes de julio, y especialmente en estas últimas semanas, de agresión a mujeres mediante objeto punzante en contextos de ocio y que «está creando cierta alarma social».
Tal y como resaltó la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, «el objetivo principal de dicho protocolo es coordinar e integrar todos los posibles puntos de atención, como los conocidos como Puntos Violeta, centros de Atención Primaria, Emergencias, Puntos de Atención Continuada o Urgencias Hospitalarias». Ya que lo que se pretende es actuar «con agilidad, credibilidad, amparo a la víctima y, desde luego, atenderla lo mejor posible con la mayor dignidad y con la mayor eficacia posible», asevera Fernández. Se trata de un protocolo en el que, ante todo, prima la rapidez para poder realizar las analíticas en un centro de salud u hospital, dado que son drogas que se diluyen rápidamente.
Por ello, la consejera de Igualdad aseguró que «vamos a hacer que recaiga todo el peso de la ley sobre aquel violador que se atreva a someter químicamente a sus víctimas».