En plena emergencia nacional y mientras el conjunto de la sociedad española intenta salir adelante en medio de la mayor crisis sociosanitaria del último siglo, el independentismo catalán vuelve a poner de relieve su indigencia moral y su nulo compromiso con el bien común. La Generalitat pretende aprovechar el estado de alarma y la confusión del momento para sacar de la cárcel a los líderes independentistas condenados por sedición por el Supremo. El Alto Tribunal recuerda al gobierno de Quim Torra que si excarcela a Oriol Junqueras y al resto de cabecillas del procés incurriría en responsabilidades penales, por la posible comisión de un delito de prevaricación. Los nueve políticos soberanistas sentenciados por impulsar el 1-O ya obtuvieron antes de declararse la pandemia unos generosos beneficios penitenciarios que les permiten salir para trabajar fuera de la prisión o ejercer labores de voluntariado durante la semana.
Como ya ocurrió durante la última crisis económica, el nacionalismo vuelve a hacer gala de la deslealtad que siempre le ha caracterizado intentando aprovecharse de las debilidades del ejecutivo central. Entonces fue ante un gobierno desbordado por la magnitud de una recesión que amenazaba los pilares del estado de bienestar. Ahora pretenden sacar rédito de un drama sanitario que dará paso a un nuevo período de dificultades. Es esa egolatría de los nacionalistas lo que pone en cuestión el estado autonómico y siembra obstáculos a la colaboración entre territorios. En un país verdaderamente cohesionado no surgirían tantas suspicacias a la hora de compartir recursos sanitarios.
El drama para España es que son esos mismos partidos e intereses independentistas los socios prioritarios elegidos por Pedro Sánchez. Primero para sacar su moción de censura contra Mariano Rajoy y después para echar a andar su gobierno de coalición con Pablo Iglesias. Cuando termine la alerta sanitaria y haya que ponerse a trabajar en la recuperación económica del país, lo pertinente sería fabricar un presupuesto consensuado entre fuerzas políticas con sentido de Estado que derivase en un gran acuerdo nacional que pusiera fin a este ‘secuestro’ del Ejecutivo, y no con aquellos que solo darán su visto bueno a las cuentas si obtienen su particular tajada en el reparto, allá quede miseria para todos los demás. Va a ser complicado que eso ocurra. En la Moncloa se reúne cada semana el Consejo de Ministros más dogmático de la democracia, empeñado en apoyarse en aquellos que ahondan sin duelo en la división entre las ‘dos españas’ para garantizar su propia -y única- supervivencia.