Vidal Maté

Periodista especializado en información agraria


Las ayudas PAC piden una redistribución

13/12/2019

Hace un año, el Ministerio de Agricultura, Comunidades Autónomas, las organizaciones agrarias, las Cooperativas Agroalimentarias y las organizaciones medioambientalistas iniciaban los trabajos para la elaboración de un Plan Estratégico donde aplicar la próxima reforma de la Política Agrícola Común, ahora a partir de 2022. Esos trabajos se planteaban con el fin de cumplir con los tres objetivos básicos exigidos por Bruselas para acceder a los fondos y que se concretaban en el fomento de un sector agrario inteligente, resistente y diversificado que garantizara la seguridad alimentaria, la intensificación de la lucha contra el cambio climático y el fortalecimiento del tejido socioeconómico en el medio rural. 
En base a esos grandes objetivos se fijaron otros nueve más concretos referidos a la orientación de las producciones a los mercados, la mejora de la calidad y de la cadena de valor, al desarrollo sostenible de la actividad agraria, la incorporación de los jóvenes, la biodiversidad, la gestión más eficiente del suelo o el agua, el empleo, el desarrollo local en zonas rurales y a la respuesta del sector a las exigencias de producir alimentos en volumen y calidad.
Un año más tarde, la Administración ha dado por finalizados los trabajos de análisis sobre cada uno de esos objetivos. Una vez detectadas las debilidades, las amenazas fortalezas y oportunidades, las mismas administraciones y las organizaciones implicadas iniciarán en los primeros meses de 2020 los trabajos más polémicos con las propuestas de medidas concretas, condición indispensable para poder utilizar los fondos comunitarios cuya cuantía está aún por decidir a expensas de que se apruebe en un futuro próximo el nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea. El objetivo de Ministerio de Agricultura es que ese Plan Estratégico español, esté listo para su presentación en Bruselas para 2021 considerando su entrada en vigor en 2022.
Los trabajos para elaborar ese plan se han ceñido básicamente a los análisis sobre cada uno de los objetivos marcados por la Unión Europea. Pero, aunque no se ha entrado en los debates sobre la asignación final de los fondos, todas las referencias señalan que estamos ante un proceso de cambio. Hasta la fecha, con elecciones de por medio, desde el Ministerio de Agricultura se ha mantenido una posición contraria a abrir este debate por considerar que se trataba de algo precipitado que se debería abordar en una segunda fase y además por no saber exactamente las disponibilidades de los fondos comunitarios. En este momento, todo parece indicar que algo ha cambiado y ya, no solo se habla de asignación o distribución de los fondos, sino de redistribución de los mismos con consideraciones que van desde razones de convergencia hasta por las nuevas exigencias medioambientales.
En medios de Agricultura, se entiende que la vigente reforma de la Política Agrícola Común en los compromisos suscritos para su aplicación en España entre Atocha y las Comunidades Autónomas en 2014, se hizo bajo unos excesivos criterios de continuidad a la hora de la asignación de las ayudas. Eso supuso mantener por un lado los beneficios a unas determinadas explotaciones sectores o zonas, mientras otros se mantenían en una situación de marginalidad. En esa línea, se entiende que en el futuro, un agricultor con una misma actividad y en una misma región, deberá percibir los mismos fondos.
Según los datos manejados por el Fondo Español de Garantía Agraria, en 2019, del conjunto de los pagos directos a través del Feaga de 5.692 millones de euros, 1.570 millones corresponden a Andalucía, frente a los 927 millones a Castilla y León, 737 de Castilla-La Mancha, 554 para Aragón, 548 a Extremadura o los 178 de Galicia, entre las más bajas con mayor peso ganadero. Estos nuevos planteamientos con los que se pretende abordar la asignación de fondos en la próxima reforma, vendrían a confirmar oficialmente el fracaso, por insuficiente, de la política de convergencia de las ayudas. Desde Atocha, los entonces responsables, entendían que un cambio drástico en la distribución de las ayudas podría suponer un problema para la actividad de muchas explotaciones que hubieran programado su desarrollo en base a las mismas. Y, los mayores apoyos se quedaron en el sur.
En este momento, ya existe una mayoría de Comunidades Autónomas desde las que se coincide en la necesidad de que haya una nueva redistribución de los fondos pagados como ayudas directas en base a unos criterios más objetivos. Siguiendo los pasos iniciales de Autonomías como Aragón y Castilla-La Mancha, la corriente general aboga por eliminar los pagos por los derechos históricos que, por ejemplo, suponen que un viejo tabaquero hoy sin cultivar reciba una elevada ayuda cultivando hortalizas en esa superficie, mientras un horticultor de toda la vida haga lo mismo sin ayudas, lo que supone romper la unidad de mercado, o que un olivarero en regadío pueda cobrar 700 euros por hectárea en Jaén, y otro en Castilla-La Mancha reciba 100 euros al haberse asignado en su día la ayuda en función de rendimientos y olvidando la contribución del ese olivar en secano al sostenimiento del medio ambiente. 
A debate se halla, aunque menos, la supresión de los derechos de pago individuales y articular otra fórmula al ser un sistema de regulación que ha dado lugar a un mundo de confusión donde conviven personas con tierras sin derechos, otras con derechos sin tierras, cuando lo más sencillo era dejar los derechos en la tierra.
Administraciones y sector deberán decidir igualmente otras cuestiones como las condiciones que debe reunir un agricultor profesional como sujeto prioritario de las ayudas.
El futuro Plan Estratégico, como marco global para la nueva política agraria, incluirá también otras muchas cuestiones pendientes importantes para la sostenibilidad de la actividad agraria. Entre ellas, se halla la revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria para que el que campo logre un mayor valor a sus productos. Agricultura no se cierra ahora a modificar esa misma Ley, pero todo se deja a las recomendaciones que se hagan desde esa estructura de negociación. Se considera igualmente necesario un mecanismo para la revisión seguimiento de los costes producción o revisar los sistemas de asesoramiento a las explotaciones, lo que antaño, con y después del franquismo, hacían y bien los servicios de Extensión Agraria y que dinamitaron muchas de las Comunidades Autónomas.