La okupación de inmuebles es una de las grandes preocupaciones de los propietarios de viviendas en España. Es un fenómeno ilegal que lleva a personas y a familias a instalarse en un inmueble deshabitado sin el consentimiento de sus propietarios. Está en auge en los últimos años y así lo corroboran los datos. De hecho, en la provincia de Cuenca se incrementaron en un 70 por ciento entre 2015 y 2022. En concreto, en 2015 la cifra de delitos y faltas de ocupación de inmuebles, tal y como lo define el Ministerio del Interior, ascendía a 20 mientras que en 2022 ascienden a 34. El dato de 2022 es provisional porque sólo están contabilizadas por ahora las okupaciones entre los meses de enero y noviembre.

Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Gobierno a una pregunta por escrito del PP, que recoge el número de hechos conocidos de delitos y faltas por ocupación de inmuebles. En la respuesta del Gobierno se aclara que entre estos hechos se contabilizan tanto el allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal) como la usurpación de inmuebles (245). Además, aclara que según el ordenamiento jurídico el allanamiento de morada sí permite un desalojo inmediato cuando el propietario de la vivienda lo denuncia. En el caso de la usurpación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado necesitan una orden de desalojo previa.

Pese a ser una provincia marcada por la despoblación, las okupaciones alcanzan su cota máxima en 2022. El año anterior hubo 21, en 2020 sumó 13. En 2019 se registraron 18, dos más que en 2016, pero tres menos que en 2017. La cifra más baja de ocupaciones en la provincia entre 2022 y 2015 está en el año 2016, cuando se contabilizaron nueve. 

No obstante, Cuenca está muy por encima de las cifras de Soria, con ocho ocupaciones de inmuebles, y de Teruel, que con tan solo una es la provincia con menor número de okupaciones.

El aumento de este problema en España sigue en cifras de récord pese al ligero descenso respecto al año 2021. De enero a noviembre de 2021 la cifra de okupaciones fue de 16.072 y en el mismo periodo de 2022 la cifra fue de 15.587. En lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se registraron de enero a noviembre de 2022 hasta 662 delitos y faltas de ocupación, lo que supone un incremento del 90,22 por ciento respecto a 2015 cuando se produjeron 348.