Los empresarios de Cuenca, Soria y Teruel tienen un mensaje claro y contundente para el Gobierno de España: No hay que dejar pasar la «oportunidad» de aprovechar las ayudas a la despoblación que la Unión Europa brinda de cara al año que viene. De esta forma, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa ha pedido al Ejecutivo central que «concrete» los incentivos contenidos en los Presupuestos Generales del Estado en la correspondiente disposición adicional. El objetivo final es atraer empresas seducidas por una fiscalidad diferenciada que podría llegar hasta el 20 por ciento de los costes laborales, y es que la implantación de esas sociedades traería consigo la creación de puestos de trabajo para poner freno al galopante problema de la despoblación.

«No podemos dejar pasar esta oportunidad después de tanto trabajo para que estos territorios fueran catalogados como áreas escasamente pobladas», apuntó en rueda de prensa el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, y es que es «fundamental la mejora y la potenciación de la empresa en el territorio para fijar la población». Unas consideraciones que desde la patronal conquense se encargó de refrendar su presidente, David Peña. Junto a sus homólogos de Soria y Teruel, él fue el encargado de exponer las repercusiones económicas que este 'capotazo' con origen europeo puede suponer para estas tres provincias. El máximo responsable de CEOE Cepyme Cuenca destacó que estas ayudas «no son una ventaja, sino la manera de hacer justicia» y de propiciar que «nuestras empresas puedan ser competitivas para afrontar los retos del mercado internacional».

Unas ayudas que, añadió, no afectan a los principios de libre competencia, pues «no jugamos con ventaja», y es que Cuenca, Soria y Teruel representan poco más del 0,8 por ciento del PIB nacional y el 0,85 por ciento del total de empresas de España. David Peña, Santiago Aparicio de la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria y Juan Ciércoles de CEOE Teruel pusieron el foco en la necesidad de compensar la «desventaja competitiva» que en estos momentos sufren las sociedades de estos tres territorios, algo «crucial» para fortalecer la «resistencia» de las empresas localizadas en las zonas desfavorecidas. Un catalizador de nuevas inversiones que, al mismo tiempo, también supondrá una oportunidad para el conjunto del país.

Un gran trabajo. Las patronales conquense, soriana y turolense vienen desarrollando un trabajo muy intenso durante los últimos años. Maniobrando de forma conjunta, lograron que la Comisión Europea reconociera el grave problema demográfico de estas provincias para que así fueran incluidas en las directrices de ayudas estatales de carácter provincial. Un reconocimiento que en el Viejo Continente ya tenían otros 18 territorios de Suecia, Noruega, Finlandia, Grecia, Croacia y Letonia. Una «ventaja competitiva» difícil de lograr por la que algunos «nos llamaron locos» señalando que «nunca lo íbamos a lograr», argumentó María Ángeles Fernández, en representación de la red SSPA, por sus siglas en inglés (Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa). 

Bajo su criterio, el Ejecutivo que capitanea Pedro Sánchez debería mover ficha, y es que «esto se podría hacer ya», pues únicamente «es cuestión de voluntad política», y más en un momento como éste, en el que las administraciones locales, provinciales, regionales y nacionales de los territorios más afectados han centrado su mira y sus esfuerzos en dos palabras clave: reto demográfico. «A grandes problemas tenemos que buscar soluciones igual de grandes y ambiciosas», subrayó Fernández, que se mostró optimista, ya que «hemos jugado la partida fuera de casa y ahora nos toca jugar en casa... Estamos en el camino».

El gran 'capotazo' de Europa. Después de un largo e intenso trabajo de las organizaciones empresariales de Cuenca, Soria y Teruel, apoyadas por sus respectivos gobiernos regionales, las tres provincias fueron reconocidas por la Comisión Europea como áreas escasamente pobladas al presentar una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto ha supuesto que en la revisión de las directrices de ayudas de Estado con finalidad regional se contemple estos territorios como zonas desfavorecidas, lo que, a su vez, permite la concesión de algunas bonificaciones a las empresas situadas en dichas provincias hasta un máximo del 20 por ciento de sus costes laborales.