Podría parecer que Estados Unidos ganó la Guerra Fría, ese periodo de tensión política que surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, en el que estadounidenses y soviéticos compitieron por extender su influencia en el mundo, tratando de demostrar cada uno que su sistema era mejor. Sin embargo, la división del mundo en dos bloques se mantiene en la actualidad entre gobiernos con ideologías muy diferentes; las democracias liberales occidentales de economía de mercado, frente a las dictaduras comunistas, representadas principalmente por China, Corea del Norte, Cuba o Venezuela, que introducen sibilinamente su ideológica influencia mediante planteamientos de revisionismo histórico, de populismo barato fundamentado en el buenismo imperante y en la defensa de cualquier derecho identitario. Y entre medias, Rusia, que sigue rivalizando para extender su influencia global.
La guerra ideológica responde así a la necesidad de proveer a los ciudadanos con identidades, razones y motivos por las que salir a la calle colectivamente en función de la doctrina y de los intereses de los poderes que les empujan a ello. La introducción en las sociedades capitalistas, liberales y democráticas, de una ideología identitaria, simbólica y cultural con fines políticos opuestos, se ha convertido en una prioridad mundial que pone en peligro el fundamento básico de cualquier Estado de derecho.
Que la estatua de Cristóbal Colón e Isabel la Católica fuera retirada en Sacramento como parte del revisionismo histórico que impera en el mundo, auspiciado por el propio partido demócrata, ahora doblegado al populismo, por considerarlo ofensivo para la población indígena, nos hace temblar y nos confirma que finalmente las guerras no las gana siempre el que parece ganarlas.
Si es por ofensa para la población indígena, lo más apropiado sería que los Estados Unidos se disolvieran como nación y cedieran las tierras a las tribus norteamericanas masacradas. En el testamento de la Reina Isabel la Católica se puede leer: «Y no consientan ni den lugar que los indios reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien». En el año 1500, ya se había dictado un decreto que prohibió la esclavitud. Más adelante, una junta de la Universidad de Salamanca convocada por el emperador Carlos V en 1540 concluye que «tanto el Rey, como gobernadores y encomenderos, habrían de observar un escrupuloso respeto a la libertad de conciencia de los indios, así como la prohibición expresa de cristianizarlos por la fuerza o en contra de su voluntad».
En ese momento histórico no existe nada igual en el mundo.  Un cuerpo jurídico que va conformando las Leyes de Indias que proscribe el maltrato y el trato injurioso y que aboga por el pago de salarios justos, el derecho al descanso dominical, la jornada laboral limitada o el cuidado de la salud.